La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que aglutina a unas 20 organizaciones de la sociedad civil, criticó la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de asignar a la administración de justicia (Órgano Judicial, Ministerio Público e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses) la suma de $321 millones 500 mil; es decir, 1.3% del presupuesto general del Estado, en comparación con los $743.9 millones del Ministerio de Seguridad, que representan el 3.4% del presupuesto.
En un comunicado divulgado ayer, la Alianza aseguró que con el recorte a la Corte y al Ministerio Público queda claro que no existe voluntad del Gobierno para implementar la carrera judicial ni el Tribunal de Integridad y Transparencia.
La nota señala que 2018 será un año decisivo para la administración de justicia, pues las fiscalías y juzgados atenderán, al menos, 55 casos de corrupción de alto perfil, 26 procesos ligados a Odebrecht, además de los 7 procesos al expresidente Ricardo Martinelli.