Activistas de la sociedad civil organizada pidieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, abordar en el pleno de esa instancia la petición que hizo el pasado 9 de mayo el Movimiento Independiente (Movin), de entregar un “informe completo y detallado” de todos los amparos de garantías constitucionales y habeas corpus.
Consideran que la solicitud de la agrupación es “oportuna”, especialmente en este contexto, en el que el Ministerio Público adelanta una serie de investigaciones por casos de corrupción en el pasado gobierno.
Por ejemplo, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que la solicitud hecha por Movin recoge el interés de la ciudadanía, que necesita información precisa de los procesos de alto perfil y particularmente los del expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli.
“Una información oficial evita las especulaciones o las interpretaciones interesadas que puedan dar las partes a través de los medios”, dijo.
Por su parte, Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, opinó que se trata de una solicitud “legítima” y “oportuna” por los escándalos de corrupción que se están dando en el país.
Planteó que espera que Ayú Prado responda de manera positiva a la solicitud y que dicho informe sea presentado para tranquilidad de los ciudadanos.
“Los ciudadanos ahora estamos más pendientes de lo que está sucediendo en el país con sus autoridades. Esa solicitud es el clamor de la sociedad panameña”, dijo.
Por su parte, Annette Planells, de Movin, indicó que le parece bien que el tema sea tratado en el pleno, porque los habeas corpus por fallar son responsabilidad de los nueve magistrados que integran esa instancia en el máximo tribunal.
Aseguró que la petición surgió por la importancia que tienen “esas herramientas en salvaguardar nuestros derechos y que no sean utilizadas para dilatar procesos”.
DÍAZ SE SUMA A PETICIÓN
En tanto, el magistrado de la Corte Harry Díaz, mediante una nota fechada ayer, jueves 22 de junio, pidió a Ayú Prado tratar el tema en el pleno con todos los magistrados. “En atención a lo antes indicado y en atención al tiempo transcurrido desde la primera solicitud, solicito que este tema sea discutido en el pleno”, destaca la nota.
Y es que, a la fecha, esa solicitud no ha sido atendida por Ayú Prado, razón por la que Movin envió el 19 de junio igual petición a Díaz.
La nota que Díaz dirigió a Ayú Prado también fue enviada a los otros ocho magistrados de la Corte.
En su misiva, Movin le recordó a Ayú Prado que los amparos de garantías y habeas corpus “son herramientas fundamentales a la hora de tutelar derechos y libertades ciudadanas” dentro de los procesos judiciales.
“La demora judicial en dar pronta y atenta respuesta a estos recursos es un problema del Estado, y sobre todo se convierte en un desafío para la administración de justicia”, subraya.
Agrega que el artículo 2624 del Código Judicial es claro al señalar que los amparos deben ser fallados dos días después de admitidos y notificados inmediatamente al actor y al funcionario que dictó la orden motivo de la acción.
“Sin embargo, por lo visto y salvo mejor información, nos encontramos con muchos casos donde los mismos pasan más de un año de haber sido admitidos sin que haya un fallo”, resaltó Movin.
El pasado 1 de junio, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, pidió a la CSJ agilizar los habeas corpus que han presentado los equipos legales de los procesados en las 24 investigaciones que se adelantan sobre la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.
“Es importante que se resuelvan estas acciones para que el Ministerio Público pueda seguir con sus investigaciones”, dijo Porcell.