Como un retroceso a la democracia, consideraron dirigentes de la sociedad civil organizada las declaraciones del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien anunció que la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la hará usando sus “facultades constitucionales”.
En ese sentido, dirigentes de la sociedad civil piden al mandatario permitir la participación ciudadana y tomar en cuenta sus recomendaciones.
La abogada y activista Gilma Camargo dijo que el presidente anula “la poca democracia que nos queda”. Indicó que “si no se incluye la participación ciudadana, denota una “intención de seguir con un sistema judicial sometido al poder ejecutivo”.
Lorena González, del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, manifestó que si bien es cierto que es una potestad constitucional de Varela, no hace ningún daño al sistema de justicia que se tome en cuenta la opinión de la Comisión de Estado por la Justicia; al contrario, dijo que “fortalece esa selección de magistrados, porque el interés de la sociedad en general es mejorar y fortalecer el sistema de justicia y tener en la Corte autoridades comprometidas”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana, explicó que la Comisión de Estado acordó un proceso de autorregulación para que el Ejecutivo dé la oportunidad a la comunidad de conocer a los aspirantes. “Negar esta oportunidad a la comunidad es un retroceso en el camino de consolidar la democracia participativa”, acotó.
Por su parte, el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión, Rigoberto González, dijo que lo planteado por Varela será analizado en esa instancia donde concurren todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
En 2015, la Comisión de Estado por la Justicia realizó las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte, pero la elección quedó en manos del Ejecutivo. Ese año, Varela designó a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise.
No obstante, el artículo 203 de la Constitución plantea que los magistrados serán nombrados “...mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo para un periodo de 10 años”.
El presidente indicó que la razón por la que no habrá consulta ciudadana es porque siempre recaerán sobre él las críticas de si los magistrados actúan mal.
El Ejecutivo debe designar dos nuevos magistrados principales, puesto que en diciembre próximo se les vence el periodo a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega en la Corte.
El magistrado Abel Zamorano actúa como suplente desde la salida del principal Alejandro Moncada Luna, quien fue condenado por la Asamblea Nacional en 2015 a cinco años por enriquecimiento injustificado. Varela debe definir el nombramiento de la vacante dejada por Moncada Luna.