“¡Si los magistrados no juzgan, que renuncien!”, “¡diputados y magistrados son la misma corrupción!”, fueron algunas de las consignas que corearon ayer representantes de la sociedad civil en los predios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigirles a los magistrados que investiguen a los diputados por los desvíos de donativos en la Asamblea Nacional.
Los activistas, además, solicitaron que la CSJ admita la denuncia penal presentada el pasado 29 de marzo por Freddy Pittí, miembro de la agrupación Juntos Decidimos, y por el abogado Carlos Herrera Morán contra 13 diputados por la posible comisión de delitos contra la administración pública (peculado).
La acción pide que se le solicite a la Contraloría General de la República “la debida auditoría e informe de todos los cheques girados en concepto de donaciones, subsidios o ayudas económicas”; de igual forma, todos los contratos por servicios profesionales otorgados en la presidencia del panameñista Adolfo Valderrama (2014-2015) y en la del perredista Rubén De León (2015-2017).
Hasta la fecha, la CSJ no ha designado quién será el magistrado ponente de esta acción penal.
“Esto es una medida de presión para los magistrados de la Corte para que entiendan que su deber constitucional es investigar […]. Ya se han archivado dos denuncias relacionadas con el tema de las donaciones y no quiero que la única que queda corra el mismo riesgo”, acotó Pittí.
El activista agregó que “el pacto de no agresión” entre el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial se hace más visible. “La ciudadanía está molesta y no sabemos hasta dónde va a llegar su paciencia”, sentenció.
El pleno de la CSJ decidió, el pasado 3 de abril, no admitir una denuncia penal que al respecto presentó el abogado Ernesto Cedeño el pasado 15 de marzo. Igual suerte tuvo una denuncia que contra De León y el contralor Federico Humbert presentó el abogado Alexis Sinclair. Todas estas denuncias se dieron a raíz de una investigación de La Prensa que reveló que la Asamblea gestionó entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017 unos $14 millones en donaciones, que en buena parte de los casos no llegaron a los beneficiarios finales, así como otros $68 millones en contratos por servicios profesionales –entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016–, que en muchas ocasiones tampoco se trabajaban.
Juntos Decidimos tenía previsto entregar las firmas que recogió a través de la plataforma en línea change.org para que la Corte admita la acción penal presentada por Pittí. No obstante, informaron que la presentarán después de Semana Santa.
Durante la última semana lograron recoger unas mil firmas.