Transparencia Internacional (TI) y sus 12 capítulos en América Latina se reunieron durante dos días en Lima, Perú, para coordinar esfuerzos e intercambiar opiniones sobre el caso Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción que ha involucrado a empresarios, funcionarios y políticos en todo el mundo que tiene su epicentro en Brasil.
Proética, capítulo peruano de TI, organizó un foro público el pasado martes llamado “El caso Lava Jato. Una perspectiva regional: el rol de la sociedad civil”, un evento que contó con la participación de oenegés, fiscales brasileños y peruanos, además de los representantes de TI.
En el encuentro reflexionaron sobre la tarea que desarrolla la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a propósito de este caso. También analizaron los términos, alcances y condiciones, de la cooperación que existe entre las autoridades de los países concernidos, particularmente entre las fiscalías y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ
Mientras que ayer miércoles, los 12 capítulos: Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, además de Panamá, trataron el tema pero a puertas cerradas.
Representantes de varios capítulos de Transparencia Internacional en reunión de coordinación por el fin de la impunidad #LlamaVerde pic.twitter.com/NrDJEXWXkJ
Representantes de varios capítulos de Transparencia Internacional en reunión de coordinación por el fin de la impunidad #LlamaVerde pic.twitter.com/NrDJEXWXkJ
— Participación Ciudadana (@PCiudadana) March 8, 2017
Ramón Ricardo Arias, presidente de TI Panamá, le explicó a La Prensa que “se busca hacer esfuerzos comunes coordinados para lograr que las investigaciones iniciadas en Brasil lleguen hasta sus últimas consecuencias en todos los países”.
Arias, incluso, presentó un informe sobre el estatus de esta investigación en Panamá, y también dio detalles de las pesquisas que el Ministerio Público (MP) le sigue a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, empresa que admitió haber pagado $59 millones en concepto de coimas a funcionarios panameños y particulares.
El documento que presentó es “muy crítico del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República”, adelantó Arias, quien añadió que fue “sorprendente” la similitud de las situaciones en los demás países.
“Las mismas licitaciones amañadas, los sobrecostos, la complicidad de funcionarios, la falta de transparencia (…) El mismo patrón se repite”, enfatizó.
Mientras que José Ugaz, presidente de TI, en un artículo publicado en el diario El Comercio, habló del costo de la corrupción, a la luz del caso Lava Jato. Manifestó, por ejemplo, que las consecuencias inmateriales de este entramado han dejado un daño institucional que debilita y convierte en inoperativas a las entidades públicas, además de contribuir a la pérdida de la confianza pública.
Para Ugaz, si bien el valor material de la corrupción “es abrumador”, probablemente los efectos sociales y de largo plazo de los costos inmateriales sean mucho más “perniciosos”.
El origen de Lava Jato data de marzo de 2014, cuando se llevó a cabo una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil. Fortuitamente los hallazgos fueron conduciendo hasta las puertas de Petrobras, la estatal petrolera brasileña. Allí fue destapado un esquema de corrupción masiva.
En Panamá, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada a la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales para supuestamente ocultar flujos de capitales, fueron detenidos provisionalmente el pasado 9 de febrero por su presunta relación con Lava Jato.