Lo cierto es que hubo disparos. Lo otro, también cierto y trágico es que, fruto de esos disparos, murió un niño.
Se llamaba Juan Alvarado, y tenía 13 años. Vivía en una zona limítrofe entre Guatemala y Belice.
Hasta ahí todo parece claro. Terrible pero innegable.
De ahí en adelante viene una guerra de versiones que amenaza con inflamar los ánimos a lado y lado de una frontera borrosa, no muy definida, y que ha sido por décadas foco de disputas entre los dos países centroamericanos.
El Gobierno de Guatemala anunció ayer su respaldo a la familia del niño con la presentación de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaron sus autoridades a agencias internacionales de noticias y a la prensa local.
“Hemos pedido a Cancillería que le dé acompañamiento completo a la familia para que pueda presentarse la denuncia y la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya se inició la asesoría”, señaló el presidente guatemalteco Jimmy Morales.
La versión que sostiene Guatemala es que los soldados beliceños atacaron a tiros a una familia en la zona fronteriza. En el hecho habrían resultado heridos también un hermano de Juan, de 11 años, y el padre de ambos.
Las autoridades beliceñas, por su parte, aseguraron que “nuestra patrulla en territorio nacional de Belice fue atacada, a lo que respondió en una autodefensa justificada”.
La Cancillería guatemalteca rechazó el argumento esgrimido por Belice, al asegurar que el menor asesinado había recibido al menos ocho impactos de bala, cuatro de ellos en la espalda. “¿Es esa legítima defensa?”, se preguntaba en el comunicado.
DIPLOMACIA
El primer ministro de Belice, Dean Barrow, dijo el viernes pasado en un mensaje de audio que se había reunido con el presidente guatemalteco Jimmy Morales en Nueva York, al margen de una reunión de la Organización de las Naciones Unidas en la que participaban. Allí le comunicó que las medidas adoptadas por ese país intensificaban “la tensión hasta un grado inaceptable”.
Barrow añadió que ambos mandatarios habían estado de acuerdo en la necesidad “inmediata de reducir las tensiones”, al tiempo que informó que una investigación “imparcial” de los hechos se realizaría por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Tras el incidente, el Gobierno guatemalteco había ordenado reforzar la presencia militar en la zona fronteriza, con el envío de tres mil efectivos “en prevención de nuevos incidentes; no es una declaración de guerra”, dijo sobre la medida el ministro de Defensa guatemalteco, Williams Mansilla, según señala un cable de la agencia AFP.
La Cancillería guatemalteca había emitido el viernes pasado un comunicado en el que recriminaba a Belice que 10 campesinos guatemaltecos habían muerto a manos de militares beliceños en los últimos 17 años.
El pasado sábado, Morales había pedido en Washington al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se investigase lo ocurrido.
DIFERENDO
Guatemala y Belice mantienen un diferendo territorial desde hace más de 150 años. Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le reclama a su vecino 12 mil 272 km2, equivalente al 50% del territorio de la excolonia británica, incluyendo varias islas y cayos.
Ambas naciones acordaron elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, pero antes se tiene que realizar una consulta popular sobre el tema en cada país, para lo cual falta definir fechas.
Luego de los trágicos hechos de la semana pasada, la OEA, el Reino Unido y Estados Unidos manifestaron su preocupación y llamaron a ambos países a continuar el camino hacia la resolución del conflicto por medio del arbitraje de la CIJ.
“La Secretaría General de la OEA hace un llamado a los gobiernos de Belize [sic] y Guatemala a evitar una escalada de las tensiones, y a redoblar los esfuerzos para instaurar una paz duradera en la Zona de Adyacencia entre ambos países”, detalla un comunicado del organismo hemisférico.
(Con servicios internacionales)