El caso Blue Apple, en el que el Ministerio Público busca determinar si contratistas del Estado pagaron sobornos para obtener contratos, fue declarado como proceso complejo, pero el fiscal a cargo de la pesquisa solo tendrá seis meses más para seguir investigando.
La decisión la tomó la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Decimoctavo Penal, en un auto del pasado 5 de abril. En ese documento se le indica al fiscal de la causa, Aurelio Vásquez, que se adecuan los términos de la pesquisa por un año, pero incluyendo los seis meses que tiene la investigación, más seis meses adicionales.
Los fueros
El caso Blue Apple también ha sido noticia en las últimas horas, luego de que el Tribunal Electoral (TE) diera a conocer el estatus de las solicitudes para retirar el fuero electoral penal a cinco investigados.
Se trata de los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford, el empresario Riccardo Francolini y los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del exmandatario Ricardo Martinelli.
Según informó el TE, el pedido para levantarle el fuero a estas personas fue recibido el pasado 26 de enero y los expedientes fueron asignados ese mismo día al magistrado Heriberto Araúz.
Entre el 22 y el 28 de marzo pasado se notificó de este proceso a Suárez, Francolini y Ford. Una vez recibieron los descargos de estas personas, el expediente pasó al despacho del magistrado ponente desde principios de abril.
Los Martinelli Linares
Con respecto al proceso de desafuero de los hermanos Martinelli Linares, el TE detalló que el magistrado Araúz realizó los trámites para notificarles del proceso en una dirección en Florida, Estados Unidos, que suministraron sus abogados.
La gestión, añadió el TE, se hizo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero advirtió que “la notificación resultó infructuosa, porque no se localizó a los aforados en la dirección suministrada”.
A raíz de este escenario, decidieron notificarlos por edicto a través de un periódico y en el Boletín Electoral.
“Si los apoderados no contestan el traslado, se tendrá que nombrar un defensor de ausente”, indicó el TE.
El informe del Tribunal Electoral surgió luego de que el Ministerio Público publicara en sus redes sociales el pasado domingo que tiene 2 meses y 22 días esperando que se levante el fuero electoral penal a cinco personas vinculadas con esta investigación.
De paso, informó que hay 39 imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y corrupción.
Se han aprehendido cuentas bancarias por $1 millón y cautelado bienes inmuebles por $5.4 millones. El caso empezó el 11 de septiembre de 2017.