La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) está en la etapa final previa a la aplicación de la prueba piloto de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (Endis2), que se prevé realizar en el país en 2017.
Después de 10 años de haberse llevado a cabo el primer sondeo de este tipo, la Senadis trabaja en los detalles de una nueva investigación que permita actualizar las cifras de la prevalencia y caracterizar a las personas con discapacidad.
Magali Díaz, subdirectora de la Senadis, indicó que para esta prueba piloto se aplicarán 100 encuestas en dos áreas urbanas, dos rurales y una indígena, que todavía deben ser definidas por la Contraloría General de la República.
Actualmente, la entidad está validando el instrumento que será utilizado para la aplicación de la encuesta.
“En esta fase estamos mostrando la encuesta que va a ser aplicada para que sea validada por los diferentes actores de la sociedad civil, e instituciones del Estado, entre otros, para consolidar criterios”, dijo Díaz.
Comentó que una vez se concluya esa etapa se procederá a hacer una nueva revisión del documento, para incluir los aportes y recomendaciones que sean necesarios, y se pueda ejecutar el proceso en el tiempo previsto.
Paralelamente a este trabajo se está llevando a cabo la capacitación de aproximadamente 25 personas encargadas de visitar las viviendas y aplicar las encuestas.
LA ENCUESTA
Díaz explicó que con esta investigación se busca conocer a profundidad las condiciones en las que viven las personas con alguna condición de discapacidad, y los principales retos a los que se enfrenta este sector de la población.
Apuntó que con el objetivo de tener la mayor información posible se ha creado un encuesta, que suma cerca de 300 preguntas, y que su aplicación puede tener una duración como mínimo de una hora.
“Se ha creado un instrumento bastante prolijo”, agregó, porque no solo se quiere evaluar los indicadores demográficos, que incluyen localización geográfica, edad y sexo; sino que también se analizarán los aspectos sociológicos, educativos, de salud ocupacional, epidemiológicos y socioeconómicos.
Para el cumplimiento de esta fase se tiene un presupuesto que ronda los $100 mil, sin embargo, la Senadis aún se enfrenta al gran reto de conseguir los recursos económicos que permitan hacer la encuesta en todo el territorio nacional en 2017, cuyo costo es de $3 millones.
‘NO SE PUEDE ESPERAR’
Franklin Pineda, presidente de la Federación de Personas con Discapacidad, indicó que “no se puede postergar” más la realización de esta encuesta, porque se ha “obviado” la realidad de las personas con discapacidad en el país.
Estimó que las cifras que se manejan sobre esta población está desfasada y que actualmente en el país la cifra supera el medio millón de personas, es decir, casi el doble de lo que había en 2006.
Según la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, en el país había 370 mil 053 personas con alguna discapacidad.
El estudio también arrojó que las comarcas indígenas, las mujeres y los adultos mayores eran los más afectados por algún tipo de discapacidad.
Para Pineda, esta población esta “a merced de la voluntad política y de la caridad”, cuando deberían haber programas integrales y permanentes enfocados en hacerlos parte de la sociedad.
Mientras, Manuel Campos, exdirector de la Senadis (2004–2010) y presidente de la Fundación Inclusión Panamá, señaló que este trabajo de campo es una necesidad evidente, en el que deben ser profundamente analizados los aspectos de salud, educación, acceso laboral y el entorno.
A juicio de Campos, esos cuatros elementos son “esenciales e inseparables” para evidenciar el nivel de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
Respecto al tema de los recursos económicos para ejecutar la encuesta nacional en 2017, señaló que ya hay un compromiso por parte del presidente Juan Carlos Varela de hacer sinergia con otras instituciones del Estado para que esta sea una realidad.
Ambos coincidieron en que esta será una herramienta clave para la elaboración de políticas públicas encaminadas a asegurar una mejor calidad de vida y un desarrollo pleno de las personas que viven con alguna discapacidad.