El Estado podrá disponer de los bienes de origen ilícito incautados y subastarlos aunque no haya terminado el proceso legal en contra de las personas que son investigadas por el Ministerio Público.
Esta propuesta está incluida en el proyecto de ley 684 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes de origen ilícito, que fue aprobado ayer en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
La procuradora de la Nación, Ana Belfon, que impulsa esta iniciativa, explicó que lo que se busca es establecer un proceso sumarísimo alterno a la investigación de carácter penal que adelanta el Ministerio Público con respecto a estos bienes, y evitar su deterioro.
Sostuvo que el Ministerio Público tiene problemas por la cantidad de bienes y por las cuantiosas cifras de dinero que hay que pagar por los alquileres de los sitios donde se hallan estos.
Añadió que el proyecto garantizará que los bienes, dentro de los cuales mencionó autos, casas, apartamentos, fincas y hasta caballos de paso, sean subastados y el dinero resultante sea resguardado en una cuenta que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según la propuesta, al final del proceso legal contra los investigados, en el caso de que estos resulten absueltos, el dinero producto de la subasta se les devolvería con los intereses generados.
Sin exclusividad
La Comisión de Gobierno también aprobó el proyecto 685 que modifica la Ley 50 de 2006, con el fin de darle independencia al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y permitir que peritos de esta entidad puedan laborar en otras entidades estatales.
Humberto Mas, jefe del Imelcf, explicó que actualmente la entidad está adscrita al Ministerio Público y sus peritos son exclusivos de esta institución, lo que ha propiciado la renuncia de más de 377 especialistas de 2010 a la fecha, ya que prefieren buscar mejores condiciones económicas.