Restringir el uso de redes sociales a quienes hayan cometido abuso sexual, así como elaborar una lista pública de pedófilos y pederastas son algunos de los planteamientos que han surgido por parte de la sociedad civil en el marco del debate del proyecto de ley 584, que reforma artículos del Código Penal con la intención de incrementar las penas para los delitos contra la libertad sexual de menores de edad.
Actualmente, el Ministerio Público maneja una lista de personas sancionadas por cometer delitos sexuales contra menores de edad que, sin embargo, no es pública.
Es por ello que la Fundación Visión, representada por Rodrick Burgos, propone crear una lista pública de personas a nivel nacional, que hayan sido condenadas por este delito, para que así la sociedad en general pueda acceder a ese documento de forma “más amigable” y segura.
Según Burgos, se designará a una institución del Estado como encargada de recopilar la información.
A su turno, Roderick Chaverry, vicepresidente de la Red de Apoyo a la Niñez, propuso prohibir el uso de redes sociales a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores y estén en libertad condicional, e incluso a procesados por este tipo de hechos punibles y gocen de medidas cautelares. Se exceptúa de esta prohibición a aquellos que estén dispuestos a divulgar su situación procesal en sus cuentas en redes sociales.
Asimismo, que deberá hacerlo público en su dirección de correo electrónico.
Todas estas propuestas, de manera individual, se plasmarían a través de nuevos proyectos de ley.
Los activistas esperan que estas iniciativas sean acogidas por algún diputado de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, instancia legislativa que aprobó en primer debate, el pasado viernes, el proyecto de ley 584, impulsado por los perredistas Iván Picota y Athenas Athanasiadis.
El proyecto de ley 584 es analizado conjuntamente con el Ministerio Público, quien designó para ello a la fiscal de Litigación Tania Saavedra. Por la sociedad civil organizada participan Ana Melissa Españo, del Colegio Nacional de Abogados; Corina Cano y Francisco Carreira Pittí, de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, y Rodrick Burgos, de la Fundación Visión.
En el primer debate se modificó el artículo 1 de la propuesta original, con el fin de eliminar uno de los tipos de comportamiento de naturaleza sexual, y se adicionó un numeral para incluir entre las sanciones cuando el menor sea afectado en su desarrollo psicológico-sexual.
También se eliminaron los artículos 3, 5 y 14. Este último señalaba que los condenados por estos delitos no podrán trabajar cerca de parques o zonas escolares.
El proyecto será sometido a segundo debate mañana, un día antes del cierre del actual periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea.