NUEVO JUZGADO TIENE COMPETENCIA DEL EXPEDIENTE

Suspenden audiencia en caso de préstamo de la Caja de Ahorros

Suspenden audiencia en caso de préstamo de la Caja de Ahorros
Según la vista fiscal del MP, está acreditada la supuesta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de la CA. Este proceso se inició en octubre de 2015.


La audiencia preliminar del proceso que siguió el Ministerio Público por supuestas anomalías en la línea de crédito de $9 millones concedida por la Caja de Ahorros (CA) en 2012 al consorcio HPC-Contratas-P&V, para construir el centro de convenciones de Amador, no se celebrará del 27 al 29 de este mes, como estaba fijada.

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Jayson Pastor pide cambio de medida

La fecha cambió, porque la jueza que conocía esta causa desde que se inició la investigación en octubre de 2015, Alina Hubiedo, titular del Juzgado Decimotercero Penal, perdió la competencia en el proceso, confirmó ayer el Órgano Judicial.

Resulta que la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, admitió un recurso de recusación presentado contra Hubiedo por el abogado Luis Eduardo Camacho González.

El artículo 761 del Código Judicial, dice: “el juez cuyo impedimento o recusación haya sido declarado legal, queda definitivamente separado del conocimiento del proceso respectivo. No podrá intervenir en dicho proceso, aunque posteriormente desaparezca la causal”.

El propio Camacho González confirmó el fallo de la jueza Urieta y explicó que él recusó a Hubiedo, porque previamente interpuso una denuncia penal y administrativa contra ella, debido a la supuesta pérdida de documentos en otro proceso que también lleva el Juzgado Decimotercero Penal.

Sumado a dicha denuncia, precisó que en el expediente de la CA él representa a uno de los sindicados, que no quiso identificar, porque dijo que este no lo ha autorizado para ello.

Aseguró que no se trata de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA; ni de Jayson Pastor, exgerente del banco, ambos detenidos por este caso desde octubre de 2016.

Según Camacho González, el Código Judicial es claro y la jueza Hubiedo debió declararse impedida voluntariamente en el expediente de la CA, y por ello la recusó, acción que fue admitida por el Juzgado Decimocuarto Penal.

El Órgano Judicial explicó que, tras esta decisión, el Juzgado Decimocuarto Penal debe fijar una nueva fecha para la audiencia del caso de la CA, ya que la jueza Urieta deberá conocer de los 31 tomos del expediente, incluyendo los cuatro incidentes de nulidad, dos de controversia y un pedido de fianza de excarcelación presentados por la defensa de Francolini y que fueron negados en su momento por Hubiedo y confirmados por el Segundo Tribunal de Justicia.

En una de sus primeras decisiones sobre este caso, Urieta emitió ayer el oficio No. 376, mediante el cual concedió permiso a Ricardo Arango Pezet, exdirectivo de la CA e imputado por este caso, para salir del país a partir de mañana 26 de marzo al 1 de abril próximo.

EL PROCESO

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, remitió el 30 de noviembre de 2016 la vista fiscal de esta investigación, con un pedido de llamamiento a juicio para Francolini y los otros exdirectivos del banco: Ricardo Chanis, Anastacio Ruiz De León, Fernando Correa y Ricardo Arango Pezet.

También pidió juicio para Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, exgerente y exsubgerente del banco, respectivamente.

Según la vista fiscal, los exdirectivos, el exgerente y el exsubgerente de la CA “no actuaron como guardianes sociales encargados del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo a HPC-Contratas-P&V.

La fiscal Sterling también pidió llamar a juicio por este caso a particulares, como el exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi; Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Manuel Morales, Ricardo Calvo, Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz.

En la lista se incluye a West Valdés (detenido desde enero pasado) e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific (FP).

En el caso de Virzi, la fiscal asegura que está vinculado como la persona que recibió el dinero que supuestamente causó la lesión patrimonial al Estado, tras la aprobación del préstamo. Sobre Valdés y Clare, dice que FP fue el destino final del desembolso de la CA y que se trata de dinero estatal que tuvo un fin distinto al que se le dio.

En cuanto a Ricardo Calvo, la fiscal plantea que aparece como firmante autorizado de HPC-Contratas-P&V, junto con Manuel Morales, Tobías Garrido, Mauricio Ortiz y Claudio Poma Murialdo.