El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró inconstitucional la reforma parcial de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela (BCV).
La sentencia –emitida la noche del jueves y disponible en su sitio web– concluye que la designación de las autoridades de esa entidad corresponden exclusivamente al Ejecutivo.
Entre otros argumentos, la Sala Constitucional alega que las constituciones de otros países de la región estipulan que sus bancos centrales son entes autónomos y públicos, por lo cual la designación de altos cargos es responsabilidad del presidente de la República.
Además, afirma que la reforma transgrede el cardinal octavo de la Disposición Transitoria Cuarta de la carta magna que dice: “La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá la designación del presidente del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus directores”.
La sala también concluye que la reforma de ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) pretendía atribuirse las competencias para designar, ratificar o remover a las altas autoridades del BCV, lo que sería un incumplimiento a la Constitución. Asimismo, asegura que se intenta tomar el control administrativo del BCV, lo cual atentaría contra la autonomía de la entidad y ocasionaría un clima de inestabilidad en la economía.
Poco después de que el Tribunal publicó el fallo, el presidente de la Asamblea Henry Ramos Allup expresó a través de su cuenta de Twitter su descontento por la decisión, y afirmó tener información de presuntas reuniones que algunos magistrados del TSJ sostuvieron con el presidente del BCV, Nelson Merentes, antes de que se dictara la sentencia.
“Antes de declarar nulidad de la Reforma Parcial de la Ley del BCV aprobada por la AN antiinflación, un bufete judicial del régimen se reunió en sede TSJ con Nelson Merentes”, tuiteó.
La Mesa de la Unidad Democrática, a través de su secretario ejecutivo, Jesús Chúo Torrealba, señaló que “los alcahuetes de la antigua AN se quitaron competencias de forma inconstitucional y la nueva Asamblea había decidido recuperarlas”, en alusión a la reforma aprobada. Además, afirmó que el BCV, al ser utilizado como “una oficina de complacencia para Miraflores, volvió leña” la economía.
Esta es la tercera decisión de la AN que el TSJ echa por tierra. Las dos primeras están ligadas al Decreto de Emergencia Económica dictado por Maduro. De mantenerse esta línea de acción por parte del TSJ, el próximo proyecto de ley, cuya aprobación podría ser anulada, es la reforma de la Ley Orgánica de este mismo tribunal, que contempla un aumento del número de integrantes de la Sala Constitucional, de 7 a 15, dada “la trascendencia y extensión de las facultades que hoy posee”, según una nota de prensa del Legislativo.
La Comisión de Política Interior está en sesión permanente hasta el próximo martes para hacer consultas en la sociedad acerca del proyecto de reforma al TSJ.
En declaraciones a Unión Radio, el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla, aseguró que no hay un solo artículo de la Constitución con el que se pueda argumentar la decisión del Tribunal. “La decisión del TSJ, al desconocer la reforma, ratifica que los magistrados están al margen de la Constitución”, indicó.