El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia que suspende varios artículos del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y que, a juicio de expertos, es una intervención en el Legislativo.
Los artículos suspendidos fueron dictados cuando el chavismo dominaba el Congreso y tienen relación con la capacidad para debatir sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y las potestades de la junta directiva para dirigir los debates, la duración de las intervenciones de los legisladores o los puntos a tratar en las sesiones del Congreso.
La sentencia indica que la Sala Constitucional “acuerda –mientras se decide el recurso de nulidad interpuesto– la medida cautelar de suspensión de los artículos 25, 57, 64 (numerales 5, 6 y 8), 73 y 105, último aparte del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea”.
La sentencia –que resuelve una solicitud de ciudadanos y diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, realizada en 2010– igualmente y “de forma cautelar, ordenó a la Asamblea la incorporación, a nivel nacional, de la consulta popular obligatoria en la formación de las leyes”, señala un comunicado del TSJ.
El constitucionalista Juan Manuel Raffalli dijo a AFP que esta nueva decisión del TSJ significa que “el poder legislativo está intervenido por el poder judicial”. Explicó que la sentencia “incide directamente en el funcionamiento” del Parlamento. “Ya no es un problema de cuáles son sus facultades, sino hasta en las reglas internas de juego” del Congreso.
La Sala Constitucional ha dictado varias sentencias que impiden a la Asamblea controlar la actuación de varios poderes públicos, legislar y controlar el funcionamiento del Banco Central, y dictar una amnistía, materias que son de su competencia por Constitución.
El también constitucionalista José Hernández indicó a AFP que “el procedimiento para aprobación de leyes será notablemente retrasado”, según un artículo que publicó en la web Prodavinci. Y en este sentido, Raffalli señala que “en la medida en que la Asamblea genere leyes, crecerá el número de sentencias en su contra”, un aspecto que dejaría en evidencia el choque de poderes.
La oposición aprobó una Ley de Referendos que normará una consulta para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro en el plazo más breve posible, y para lo cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no entrega las planillas de recolección de firmas.
En medio de esto, el CNE anunció acciones contra siete diputados que se encadenaron como medida de protesta por su reticencia a entregar los formularios. En declaraciones a Venezolana de Televisión, la vicepresidenta Sandra Oblitas aseguró“que grupos violentos irrumpieron [se encadenaron] en distintas sedes del CNE” y que “los actos constituyen una violación a la institucionalidad democrática y al poder constituido”. Agregó que “producto de las agresiones, estudian todas las acciones legales contra quienes intentan destruirlo”.
Remarcó que no permitirán agresiones a la majestad de la institución y que no aceptarán chantajes de quienes, pretendiendo el ejercicio de supuestos derechos de inmunidad, desconocen normativas de hace casi 10 años para satisfacer intereses que no son democráticos.