El gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, espera que un juez federal recomiende su remoción por una trama de financiamiento ilícito de su campaña, pero cree que puede evitar una decisión final del máximo tribunal electoral de Brasil hasta después de que termine su gestión en 2018, dijeron asesores.
Si Temer logra detener el proceso podrá seguir adelante con las reformas fiscales y las políticas de austeridad que han hecho avanzar a la moneda y las acciones de Brasil, lo que aumentará las oportunidades de la mayor economía de Latinoamérica de salir de una profunda recesión de dos años en 2017.
El caso ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala que fondos procedentes de prácticas ilícitas y de sobornos fueron usados en la campaña electoral de 2014 en la que Temer se postulaba como compañero de fórmula de la entonces mandataria Dilma Rousseff, quien fue destituida el año pasado tras un juicio político.
Nueva evidencia fue entregada el pasado miércoles por el encarcelado ex presidente ejecutivo del mayor grupo constructor de Brasil, Marcelo Odebrecht, quien confirmó al juez federal que maneja el caso que su compañía realizó pagos ilegales a la campaña de Temer y Rousseff.
Ahora se espera que el juez Herman Benjamin presente sus recomendaciones sobre el caso en las próximas semanas, de acuerdo con asesores de la presidencia.
Si el magistrado recomienda la remoción del mandatario y ese fallo es ratificado por la máxima corte electoral, Temer podría verse obligado a dejar el cargo y un sucesor elegido por el Congreso tendría que llevar las riendas del país hasta las elecciones de fines de 2018. Pero Temer está ganando tiempo y cuenta con posibles apelaciones que podrían alargar el proceso hasta las próximas elecciones, cuando se espera que no se presente como candidato, dijo el pasado jueves un asesor de la presidencia. “Hay una amplia gama de opciones de apelación. El presidente piensa que esto se arrastrará hasta 2019”, indicó el asesor, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Expertos legales señalan que la corte está compuesta por magistrados conservadores que no serían proclives a remover a un presidente, pero que eso podría cambiar si la recesión por la que atraviesa el país continúa y las investigaciones sobre corrupción paralizan al Gobierno.