Según las cuentas, Giancarlo Terán, quien asegura que se usaron fondos públicos para pagar “call centers” de Cambio Democrático (CD), debió recibir $22 mil 700 entre enero y diciembre de 2013 por defender al gobierno del expresidente Ricardo Martinelli y a su candidato presidencial José Domingo Arias.
El dinero, proveniente de contratos con la Asamblea Nacional, era el pago del partido de gobierno por sus servicios en el centro de llamadas ubicado en el edificio H2O, en avenida Balboa.
Sin embargo, de esos $22 mil 700, Terán habría recibido apenas alrededor de $7 mil 200. El dinero, que provenía del Legislativo, debía depositarlo en una cuenta a nombre de María Cristina González, quien fungió como directora del Servicio Nacional de Migración durante los primeros años de la era Martinelli, y quien coordinaba estos polémicos centros de llamadas. De acuerdo con lo explicado por Terán, González se quedaba con el 69% de ese dinero público.
En total, Terán obtuvo cuatro contratos por $36 mil con la Asamblea Nacional desde 2012, por lo que González pudo haber percibido cerca de $25 mil solo por el contrato de Terán, quien contó además que en los tres centros de llamadas de CD trabajaban alrededor de 120 personas.
El primer contrato de Terán con el Legislativo fue por $3 mil 856 durante el primer semestre de 2012, cuando Héctor Aparicio era el presidente de la Asamblea Nacional. En 2013, Sergio Gálvez asumió la presidencia y le otorgó dos contratos por los dos semestres del año: el primero por $11 mil 336, y el segundo por $11 mil 400.
En 2014, Gálvez le concedió otro contrato por $9 mil 450 para cubrir sus trabajos entre enero y junio, pero lo anularon luego que Terán revelara detalles de la trama política.
Además de los emolumentos que recibía del Legislativo, obtenía mil dólares adicionales al mes por ser supervisor del “call center”. Este pago salía de una planilla del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
LA RUTA DEL DINERO
A finales de abril pasado Terán reveló la existencia de los centros de llamadas: lugares desde donde decenas de personas dedicaban su tiempo a alabar la gestión del expresidente Ricardo Martinelli y a promover la candidatura presidencial de Arias. También criticaban las campañas rivales.
Fue en ese momento cuando Terán afirmó varias veces que recibía mil dólares mensuales a través del Mici por su cargo de supervisor en el call center, y que además obtenía otros $600 que provenían de la Asamblea.
El monto revelado por Terán contrastaba con los contratos por $11 mil 336, y $11 mil 400 que le dio Gálvez como presidente del Legislativo, que reflejaban un salario mensual de alrededor de mil 900 dólares.
Pero en conversación telefónica con La Prensa, Terán indicó que aunque ese era el dinero que aparecía en planilla y en los comprobantes de pago, los cheques debían ser depositados en una cuenta de María Cristina González para que ella dispusiera de esos fondos.
“Se escogían personas, y firmaban un contrato. Recibíamos el cheque, lo cambiábamos y depositábamos en la cuenta de María Cristina, o se lo dábamos en efectivo ... en la mano. Una muchacha le dijo que no (...) y la despidieron”, contó Terán.
Precisó que en la mayoría de las ocasiones, los mismos trabajadores iban a buscar los cheques, pero a veces lo hacía el chofer de González.
En enero del año pasado, Sergio Gálvez firmó una carta dirigida a Violeta Villarreal, directora de Tesorería de la Asamblea, para facultar a Agustín Cárdenas y a Orlando Castillo para “retirar cheques de contratos, acta de donaciones y otros documentos, entre enero y diciembre de 2013”.
Terán adelantó que sus abogados preparan una denuncia contra González por lo acontecido en estos centros de llamadas oficialistas.
Según Terán, González servía de coordinadora de los tres centros de llamada, mientras que Salomón Shamah, exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, era quien llevaba la operación e imponía los temas a tratar.
Este medio intentó localizar a González para que diera su versión, pero el número celular que solía usar aparece deshabilitado. Su último mensaje en la cuenta de Twitter es del 27 de abril, un día antes de que Terán hiciera la primera denuncia pública sobre los “call centers”.