Nunca antes fue tan fácil obtener tierras del Estado. Los precios rayan en lo ridículo y el proceso para quedarse con ellas es inusualmente veloz, siempre y cuando los solicitantes ocupen altos cargos en el gobierno o fueran allegados al poder.
Dos hechos ilustran con detalle la escandalosa administración del patrimonio del Estado: el relleno de Paitilla –en pleno centro de la ciudad de Panamá– y las playas de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé.
A ello hay que añadir otros casos que –dada la gravedad de los dos ya mencionados– quedaron sumergidos en la opacidad mediática, pero que no son menos graves. Como la entrega de islas a familiares, amigos y allegados del presidente de la República, Ricardo Martinelli. Todo hecho de manera “legal”, a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, (Anati).
La entrega gratuita de estas tierras y su titulación tienen un denominador común: la Ley 80 de 2009, que dejó abierta una ancha puerta para la especulación.
Alegando tener derechos posesorios sobre las tierras solicitadas, los supuestos dueños casi tienen vía libre para recibir gratuitamente hasta cinco hectáreas.
La cara visible de la especulación de tierras fue, sin duda, Anabelle Villamonte, obligada a renunciar al cargo de directora de Titulación en septiembre de 2011, tras el escándalo de Juan Hombrón. Pero ella apenas fue una pieza en el tablero. Su renuncia no detuvo la repartición de valiosas tierras e islas por parte de la Anati.
NUEVOS TERRATENIENTES
Juan Hombrón dejó al descubierto un lucrativo negociado de tierras a favor de los padres de un ministro de Estado: Demetrio Papadimitriu, el otrora poder detrás de la silla presidencial.
Como ellos, varios jefes de cartera se beneficiaron con tierras nacionales, entre ellos la ministra de Trabajo, Alma Cortés; la de Educación, Lucy Molinar, y el de Salud, Franklin Vergara.
A estos funcionarios se les aplicó el precio mínimo que establece el Código Agrario para la venta de tierras nacionales: seis dólares la hectárea, así como el procedimiento express, exclusivo para funcionarios de alta jerarquía.
Por ejemplo: en marzo de 2011, Cortés pagó 530 dólares por 88 hectáreas en Las Margaritas de Chepo. Lucy Molinar, a su turno –pero en diciembre de 2009–, pagó 850 dólares por 50 hectáreas en una zona costera en Santa Isabel, provincia de Colón.
El entonces titular de Salud, a su vez, obtuvo en noviembre de 2009 dos terrenos: uno de 128 hectáreas, por el que solo pagó 775 dólares, y otro de 66 hectáreas, por el que desembolsó 400 dólares. Al hacer el cálculo por metro cuadrado, estos funcionarios lo pagaron a menos de un centésimo, con el consecuente perjuicio para el Estado.
¿Por qué se le aplicó la tarifa mínima del Código Agrario a ministros de Estado, con suficientes entradas para pagar un precio justo? ¿En qué se beneficia el Estado con valores que rayan en lo ridículo? ¿Por qué aplicarles un proceso veloz a ministros, cuando hay gente con más tiempo que ellos esperando la adjudicación de sus tierras?
Ninguna de estas preguntas fueron respondidas satisfactoriamente por las autoridades ni por los beneficiados.
Y para colmo, en este festín no faltaron diputados. Yanibel Ábrego –de Cambio Democrático–, por ejemplo, que para evitar un embargo, traspasó las tierras a una fundación privada que ella misma preside.
¿PASE DE FACTURA?
El escándalo de Juan Hombrón abrió profundas heridas que aún no cicatrizan.
Hay que recordar que este escándalo tuvo su origen en 2011, cuando La Prensa reveló que la familia Papadimitriu obtuvo 54.3 hectáreas de playas en Juan Hombrón –a título gratuito– en lacónicos procesos plagados de inconsistencias e irregularidades que desataron fuertes críticas de la sociedad civil y una investigación del Ministerio Público que, a la postre, no tuvo trascendencia alguna.
Incluso, los Papadimitriu intentaron obtener 2.8 hectáreas de costas en Farallón, también en Coclé, a través de su abogada y luego funcionaria Anabelle Villamonte.
El banquete de tierras provocó la fractura definitiva de la alianza de gobierno en agosto de 2011. El vicepresidente –hoy presidente electo– Juan Carlos Varela pidió investigar el proceso de titulación gratuita en Paitilla mientras que el hoy exministro Papadimitriu lo acusó de irregularidades en la compra de un terreno en Las Cumbres para un hospital.
El vicepresidente ripostó atacando a Villamonte, de cómo había trabajado antes de ser funcionaria para la familia Papadimitriu y luego tramitó personalmente la titulación de las costas en Juan Hombrón desde un puesto público.
Por ello resultó sorprendente que Demetrio Papadimitriu apareciera en la campaña presidencial de Varela. De hecho, el exministro reconoció públicamente que había trabajado en esa campaña.
“Él [Papadimitriu] y Varela se odiaban, tenían diferencias que yo pensaba eran irreconciliables...”, recordó Martinelli en una entrevista. Y no dejaba de tener razón.
Por otro lado, Papadimitriu, al cooperar con Varela en su campaña, se fue en contra de Martinelli. El que había sido el hombre de confianza del Presidente, su estratega irreemplazable en la campaña de 2009, ayudaba ahora a su enemigo político más importante, al hombre al que Martinelli dirigió toda su furia en la campaña presidencial que acaba de concluir.
Coincidencia o no, pasada la elección –el 6 de mayo– el Consejo de Gabinete aprobó declarar área protegida –“refugio de vida silvestre”– las playas de Juan Hombrón, esas que la familia Papadimitriu peleó a la sombra del entonces todo poderoso ministro de la Presidencia.
¿Se trata de una venganza? Algunos creen que sí. Pero, de momento, el futuro de esta franja costera de 54 hectáreas de playas parece incierto.
La Corte Suprema, por ejemplo, analizaba dos amparos constitucionales interpuestos contra las ya terminadas sesiones extraordinarias de la Asamblea, en las que se perfeccionaría la creación del refugio de vida silvestre en Juan Hombrón.
Esta sería la segunda vez que Martinelli intenta recuperar esas tierras. En septiembre de 2013, el Gabinete aprobó construir allí una base aeronaval, propuesta por el titular de Seguridad, José Raúl Mulino, con una inversión de cinco millones de dólares. Pero ocho meses después, el departamento de relaciones públicas de la entidad carece de información sobre esta iniciativa.
AMIGO DE LOS AMIGOS
El otro gran escándalo de tierras fue el terreno de Paitilla, que empezó como una romántica historia, contada por los diarios del oficialismo. César Segura repentinamente pasó de ser vendedor ambulante de flores a millonario.
Pero el relato enmascaraba un negociado de tierras sin parangón. En realidad, con la adjudicación a título gratuito de este relleno de mar se beneficiaba el empresario inmobiliario Gabriel Btesh, un amigo de Martinelli, conocido por ser parte del “círculo cero” del gobernante.
Btesh –denunciado por Varela– fue uno de los que participó en aquel misterioso viaje de Martinelli a Cerdeña en 2011, viaje pagado por otro gran amigo del gobernante: Valter Lavítola.
Ailedsabel González y Francisco Pérez –abogados vinculados a Btesh– gestionaron en el Registro Público la inscripción del terreno, a través de la sociedad Segura Ventures, a la que el florista le cedió sus derechos posesorios, a pesar de que en 1997 el relleno fue destinado para albergar un parque. Tras el escándalo, el Estado lo recuperó y edificó el parque a un costo de 1.6 millón de dólares.
Mientras tanto, las autoridades detuvieron a Villamonte, a Segura y a Pérez, pero el encierro duró poco, tras ser beneficiados con medidas cautelares. Peor suerte le tocó a los 18 meses de investigación, porque, a pesar de que determinaron irregularidades, el caso quedó impune.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó un sobreseimiento definitivo otorgado por el Juzgado Tercero Penal a favor de los imputados.
AMENAZAS
Si bien los terrenos de Juan Hombrón y Paitilla marcaron hitos, no fueron los únicos que despertaron el interés de los allegados de Martinelli. Otro de sus amigos, el italo-francés Jean Pigozzi fijó su mirada en islas Canales de Tierra, hoy llamada “Simca” –como su empresa familiar–, frente a la isla Coiba, en Veraguas.
Pigozzi contó con el apoyo de Martinelli quien, el Viernes Santo de 2012, se apareció en la comunidad del Pixvae, donde ocurrió un hecho sin precedentes: “Los meteré presos si no ceden sus derechos posesorios al empresario Jean Pigozzi... Le pido a la Policía Nacional que apoye a Pigozzi”. Palabras más, palabras, menos, así recuerdan la visita de Martinelli varios lugareños que lo contaron a La Prensa.
El mandatario confirmó su presencia en la isla cuando en su cuenta de Twitter dijo: “Deseándole a todos una feliz Cuaresma. Yo fui a la isla Canales, ahora llamada Simca, que está frente a Coiba. Espectacular todo y diferente”. Nada mencionó sobre sus amenazas, pero sí las justificó después al señalar que estaba en defensa de la seguridad jurídica y la propiedad privada.
Un año antes, el 13 de julio de 2011, Pigozzi había hecho ante la Anati una “solicitud especial” de 141.5 hectáreas que comprende la isla, y el 4 de abril de 2012, el entonces director de Titulación Carlos Dutari fijó los edictos.
En 2003, Pigozzi construyó en la isla un laboratorio marino de investigación y luego edificó un singular conjunto arquitectónico que incluye una casa en la cima de la isla (ver mapa). Desde entonces, celebridades acuden a la majestuosa residencia, como ocurrió en su cumpleaños número 60, en 2012, cuando fueron Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Martha Stewart... y Martinelli.
VENTA DE HUMEDAL
La belleza de las playas con fina arena blanca, la exuberante vegetación y la tranquilidad que se vive en la comarca Ngäbe Buglé, que posee parte de las tierras del quinto humedal de importancia internacional de Panamá –Damani-Guariviara–, tampoco pasaron inadvertidas.
Unas 2 mil 100 hectáreas de costas, riberas de ríos, manglares y tierras pasaron a ser parte del patrimonio personal del político costarricense Antonio Álvarez Desanti (hoy diputado en su país), y a sociedades anónimas vinculadas a la abogada Evisilda Martínez.
Álvarez Desanti acordó comprar las tierras con la abogada Martínez un año antes de que se hubiese presentado a los tribunales de justicia un solo proceso de prescripción adquisitiva de dominio de los terrenos que iba a comprar.
Uno de los abogados de Álvarez Desanti –que se encargó de refrendar la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, sociedad que adquirió las primeras 686 hectáreas– y del cambio de sus directivos fue Francisco Martinelli, primo del mandatario.
En otra feliz “coincidencia”, Álvarez Desanti vino a Panamá en febrero de 2013, horas antes de un partido de fútbol entre Panamá y Costa Rica. El político acompañó a su compatriota, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y al excandidato presidencial Johnny Araya, a visitar a Martinelli en el Palacio de las Garzas. Después, todos vieron el partido en el palco presidencial del estadio Rommel Fernández.
Álvarez también logró una cita con el ministro de Turismo Salomón Shamah, para hablarle de su proyecto hotelero –a un costo de más de 40 millones de dólares– a pesar de ser zona protegida.
Shamah dijo que si la comarca aprobaba el proyecto, el Gobierno daría ayuda económica para promover el complejo, amparándose en la Ley 80 de 2012.
Pero, contrario a ello, el vicepresidente Varela sostenía que “no se puede llevar ese tipo de titulación con base a que un político de Costa Rica compra un juzgado... Este es el tipo de operación que hay que detener de inmediato, investigar y revisar”.
Y aunque se interpusieron varias denuncias criminales por la venta de estos terrenos, fuentes vinculadas al Ministerio Público afirman que el proceso se mantiene paralizado y que los imputados no han sido llamados a declarar.
Uno de los denunciantes, el abogado Harold Jeff, dijo que la comunidad teme que el caso quede impune y ser desajolados de sus tierras.
Una “concesión especial” sobre un globo de terreno de más de 2.4 hectáreas que colinda con el océano Pacífico, en Veraguas, podría haber sido otorgada a Reinaldo Della Togna Martinelli, primo hermano del presidente Ricardo Martinelli. Una de las atracciones de esta isla es su ubicación, ya que se encuentra entre el golfo de Montijo –humedal de importancia internacional– y el Parque Nacional Coiba.
Se trata de la isla Gobernadora, un sitio tranquilo, donde se pueden observar delfines y exuberante flora, fauna y manglares. Della Togna solicitó la concesión de esta isla, amparándose en la Ley 2 de 2006, que establece que las concesiones serán por un término de 60 años con la opción de prórroga por 30 años más.
Los edictos publicados el 29 de agosto de 2012 para entregar la concesión fueron autorizados por el entonces director de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Carlos Dutari, que reemplazó en el cargo a Anabelle Villamonte, quien a su vez otorgó varias titulaciones gratuitas, hoy cuestionadas y demandadas. La concesión de isla Gobernadora habría sido refrendada en la Contraloría General, según reveló una fuente.
Sin embargo, la información no se ha podido confirmar y se desconocen los detalles. Relaciones públicas de la entidad informó que la consulta de La Prensa era analizada en el “Despacho Superior”, luego que habían decidido que no la darían, mientras que en la Anati, Franklin Oduber se negó a dar información.
Lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia, en noviembre pasado, cuando negó el acceso a la información, alegando tecnicismos legales, rechazados en el salvamento de voto de unos de los magistrados de la Corte Suprema. Tras la llegada de Della Togna al lugar, se produjeron varias “coincidencias”: el Gobierno destinó más de 80 mil dólares para “mejorar el acueducto” en la isla [año 2012], justamente cuando se publicaban los edictos solicitando la concesión.
Este contrato formó parte del que otorgó el extinto Programa de Desarrollo Comunitario, por 231 mil 500 dólares a la empresa Constructora S.P., para mejorar el acueducto y construir aceras de poca longitud en los corregimientos de isla Leones y Cébaco.
Pero no es el único terreno que pidió el primo de Martinelli. También solicitó –a “título gratuito”– más de mil 200 hectáreas en Coclé, en 2010. Ese mismo año, la hermana menor del mandatario, Gloria Esther Martinelli de Virzi, también pidió un pequeño lote de 800 metros cuadrados en el mismo lugar, reveló un informe de la Anati.
EREIDA PRIETO-BARREIRO
El Municipio de Taboga pidió con “urgencia” a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) ampliar su ejido con siete islas ubicadas en el Pacífico, alegando un “crecimiento demográfico”. Un mes antes de que la Anati traspasara las tierras solicitadas para la “titulación masiva” a favor de sus ocupantes, los ediles aprobaron la venta de buena parte de cuatro islas al empresario Ernesto Bósquez Ditrani sin que este tuviera derechos posesorios.
Se pactaron tres acuerdos municipales para la venta de las tierras y se publicaron en la Gaceta Oficial en enero pasado, lo que generó el repudio de la comunidad de Taboga, que exigió a los representantes eliminar los acuerdos de venta.
La Anati traspasó a este municipio siete islas con una finalidad específica, así como sus avalúos, pero los ediles pretendían pactar un precio inferior de venta. Tras fuertes cuestionamientos, dos de los tres acuerdos de venta fueron derogados. Bósquez Ditrani sostiene que el tercero no se derogó porque nunca fue publicado en la Gaceta Oficial. Ese acuerdo –que según expertos también debe derogarse como los otros dos, aparezca o no en la Gaceta Oficial– contempla la venta de tierras en Taboguilla.
El sustento de la interrumpida transacción era que se haría un “hotelito muy bonito”, según el alcalde José Chirú, aludiendo los planes de Bósquez Ditrani.
Mary Triny Zea
