“Es un asalto al erario el pago de prestaciones [...] a ocho exfuncionarios con altos cargos en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme)”, afirmó Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).
Pese a que la organización representa a funcionarios, Berrocal dijo que en este caso no daría apoyo –aunque no lo han solicitado– porque es evidente “la jugada” hecha antes de finalizar el gobierno de Ricardo Martinelli.
En la última semana de junio, los funcionarios con cargos directivos, entre ellos, Sara Moreno –exadministradora de Ampyme que reemplazó en el cargo a Giselle Burillo, de Cambio Democrático (CD)– renunciaron para cobrar prestaciones laborales, incluyendo primas de antigüedad, generando un gasto de casi $65 mil.
Las prestaciones laborales no se pagan por renuncias. “Aquí hubo una exagerada generosidad del Ejecutivo”, afirmó Berrocal.
Los pagos se hicieron bajo el amparo de un decreto firmado por Martinelli, que blindó la planilla estatal, pero fue derogado por el presidente, Juan Carlos Varela.
Se intentó obtener la opinión de Rómulo Roux, como secretario general de CD, pero no respondió.
Tampoco se pronunció la administradora de Ampyme, Ada Romero, quien dijo que haría consultas al Ministerio de Trabajo para decidir las acciones sobre estos pagos, así como de un desembolso de $10.3 millones en “capital semilla” a supuestas microempresas.