La cinta costera 1, la obra insignia de la administración de Martín Torrijos Espino (2004-2009) -que culminó con un costo de $189.1 millones- está siendo escudriñada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en Panamá.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la fiscalía ha girado a bancos de la localidad oficios para averiguar si Torrijos y Benjamín Colamarco, quien fungió como ministro de Obras Públicas (MOP) -durante la ejecución del megaproyecto construido por Odebrecht- mantienen o han mantenido cuentas de ahorros, corrientes, de inversión o cualquier producto en el que aparezcan como propietario, firmante o beneficiario.
Al respecto, anoche el expresidente Torrijos, a través de su vocero Eric Rodríguez Auerbach, remitió a esta redacción un pronunciamiento en el que señaló que: “no existe ningún hecho que me vincule con las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, relacionado con la empresa bajo investigación. Ni aquí en Panamá, ni en ninguna jurisdicción extranjera”.
“Como ciudadano respetuoso de la ley, reitero que estoy en disposición de colaborar en cualquier investigación, apegada a mis derechos constitucionales y legales”, manifestó el expresidente.
Finalmente, indicó Torrijos que “mis cuentas, bienes y propiedades, así como mis declaraciones patrimoniales juradas, están al alcance de las autoridades correspondientes”.
En tanto, este medio llamó en más de siete ocasiones y dejó mensajes en el celular del exministro Colamarco, pero no respondió.
Sin embargo, el 4 de enero pasado, Benjamín Colamarco declaró a los medios que actuó verticalmente y apegado a la Constitución durante sus funciones como ministro.
LA CINTA COSTERA 1
El día 15 de junio de 2007, cumpliendo con la Ley 22 de Contrataciones Públicas, se llevó a cabo la licitación pública por mejor valor para el estudio, diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento del Proyecto Cinta Costera y Nueva Vialidad (Fase 1).
Una comisión evaluadora seleccionó al consorcio Odebrecht/Cusa como ganador de la licitación. La comisión la integraron el exrector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Salvador Rodríguez, quien la presidió; el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Martín Isaac Donderis (q.e.p.d.); el exprocurador de la Administración, Feliciano Olmedo Sanjur; el expresidente de la SPIA, José Batista; el ingeniero Mario Conte; la magíster Aracelly Méndez y el también ingeniero Héctor Castillo.
Los trabajos de construcción se iniciaron el 5 de diciembre de 2007 y concluyeron en junio de 2009.
¿SOBREPRECIOS?
El extitular del MOP y actual diputado panameñista, José Antonio Domínguez, ha denunciado que con la cinta costera 1 nacieron los primeros sobreprecios en que incurrió Odebrecht. Precisó que la obra se licitó por $133 millones y finalmente costó $189.1 millones.
En total, en el gobierno de Torrijos Odebrecht obtuvo contratos individuales y en consorcios con otras empresas por más de $500 millones.
La primera obra ejecutada por Odebrecht y Construcción Internacional en Panamá fue el sistema de riego Remigio Rojas, en Alanje, Chiriquí, adjudicado por $54.2 millones, pero con las adendas introducidas la obra terminó costando $65.3 millones.
En 2007, Odebrecht logró la autopista Panamá-Colón Alberto Motta, por $283.7 millones, pero la obra se finaliza en el gobierno de Ricardo Martinelli en 2014 a un precio de $487.6 millones.
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, informó que en el Consejo de Gabinete del próximo martes se escogerá al ministro que representará al Estado en la querella que se presentará contra Odebrecht por los sobornos.
Eisenmann propone fiscalía especial ciudadana
El empresario I. Roberto Eisenmann propuso la creación de una fiscalía especial ciudadana, en la que un conglomerado de sectores de la sociedad participe en las investigaciones que actualmente adelanta el Ministerio Público (MP) respecto al pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht, principal contratista del Estado.
“La idea es que este conglomerado nombre al fiscal, para que exista un representante del movimiento y se inicien las investigaciones con las que permanentemente se mantenga informado al país de todo lo que se está haciendo (...) de quiénes colaboran y quiénes no”, agregó.
Indicó que en la fiscalía especial ciudadana deben participar la sociedad civil, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Transparencia Internacional y periodistas de investigación. Eisenmann también se refirió al “descontento” que existe entre la ciudadanía con relación a estas investigaciones del MP por el pago de los sobornos.
“La gente presume que los procesos no se están llevando a cabo con la celeridad que se requiere, debido a que el Gobierno está involucrado y la única manera de resolver esto es que alguien [separado del Estado] investigue correctamente”, subrayó.
Según Eisenmann, la creación de la fiscalía ciudadana también ayudaría a resolver la percepción que existe entre la ciudadanía de que la demora en el proceso por parte del MP se debe a que hay personeros de este gobierno involucrados en los casos de sobornos de Odebrecht.
“Lo mejor sería que la procuradora [Kenia Porcell] nombrara a un fiscal especial para investigar a Odebrecht fuera del MP y del Gobierno, pero aparentemente no está en sus planes”, explicó Eisenmann. Representantes de Odebrecht confesaron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagaron $788 millones en sobornos en varios países, incluyendo $59 millones en Panamá.
Hasta la fecha, la Fiscalía Especial Anticorrupción tiene bajo investigación a 17 personas por los sobornos de Odebrecht.
