La futura operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí, es un tema que aún no define la comisión de alto nivel establecida para encontrar una solución a este conflicto ambiental.
De hecho, ayer se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a puerta cerrada, los miembros de esta comisión y representantes de los bancos que financian la polémica hidroeléctrica.
La Cancillería informó, a través de su oficina de relaciones públicas, que se trató de un encuentro para discutir el “eje económico”, el cual aún no ha sido resuelto.
El costo de la represa llega a los $140 millones y fue financiada en su mayor parte por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el holandés Fondo para los Mercados Emergentes (FMO, por sus siglas en inglés) y el Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones (DEG, por sus siglas en alemán).
Mónica De León, jefa de ese departamento, explicó que el diálogo sobre Barro Blanco se dividió en cuatro ejes temáticos, que fueron el económico, cultural, social y ambiental. “Todos los ejes han sido resueltos, con excepción del económico”, aclaró la funcionaria.
Ese eje evaluaría diferentes opciones sobre la futura operación de esta represa.
Ahora, la mesa de diálogo de Barro Blanco volverá a reunirse para analizar las conclusiones de esta reunión, y establecer el cronograma de llenado y vaciado de prueba de la represa.
En el encuentro también participó Roberto Meana, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, quien al cierre de esta edición no emitió comentarios sobre el tema.
Mientras que Ricardo Miranda, dirigente de la comarca Ngäbe Buglé, subrayó que mantiene su postura de oponerse a la hidroeléctrica. “No vamos a dejar nuestra lucha hasta que se cancele Barro Blanco”, concluyó.
Las autoridades anunciaron la suspensión del llenado de prueba de la represa, hasta que se llegue a un acuerdo en la mesa de diálogo.