El Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Decimotercero Penal y declaró prescrito el delito de tráfico de influencias imputado a Aaron Mizrachi, como parte de la investigación por supuestos sobornos pagados en un contrato suscrito entre y la Caja de Seguro Social y la empresa Advanced Consulting Panamá–subcontratista de la empresa SAP–, para la instalación de un software por $14.5 millones.
El fallo resolvió una apelación de Mizrachi –interpuesta por su abogado, Silvio Guerra– a un fallo del Juzgado Decimotercero Penal, fechado el 1 de julio de 2016 y que había negado la prescripción del delito.
Según el tribunal, en este caso es aplicable el artículo 1968-B, ordinal 1 del Código Judicial, que señala un plazo de prescripción de seis años para los delitos con penas de prisión máxima de entre cuatro y seis años, entre los que se encuentra el tráfico de influencias.
El tribunal precisa que ha transcurrido el tiempo exigido en la citada norma del Código Judicial para la prescripción de la acción penal, tomando en consideración que, como medio de prueba para señalar el delito, se estableció la fecha del 3 de mayo de 2011, cuando se celebró el referido contrato.
El fallo del tribunal, con fecha del 23 de octubre pasado, tuvo el salvamento de voto del magistrado Secundino Mendieta, mientras que sus colegas Wilfredo Sáez y Eda Cecilia Gutiérrez de Jiménez lo avalaron.
MIZRACHI, HOMBRE CLAVE
Stuart Andrew Robinson, agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), fue quien declaró a la Fiscalía Sexta Anticorrupción que Mizrachi “era la entrada al trato”, para que se lograra el contrato.
Precisó que en febrero de 2010 Mizrachi se reunió con Vicente García, exvicepresidente de SAP, quien confesó ante la justicia estadounidense que pagó sobornos en Panamá por este contrato.
Robinson, quien actuó de agente encubierto en el proceso seguido a García en Estados Unidos, indicó que en esa cita Mizrachi le dejó claro al exejecutivo de SAP que él era el intermediario para que se celebrara el contrato con la CSS, pues se presentó como cuñado del entonces presidente, Ricardo Martinelli.
Aportó correos intercambiados por García y Mizrachi, en los que se detalló cómo se pagarían las coimas.
Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, confesó haber recibido los sobornos.
Por este caso la fiscalía pidió llamar a juicio a 17 personas, incluyendo a Mizrachi.