Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) ultiman la revisión de pruebas presentadas por las partes en los 14 casos de impugnación a diputados después del torneo de mayo, informó Myrtha Varela de Durán, secretaria general de la entidad.
“Estamos bien adelantaditos porque ya hay auto de pruebas, que es la fase previa a dictar la fecha de audiencia”, aseguró.
A la fecha, explicó, los tres magistrados ya han dictado auto de pruebas, es decir, admisión o no de los argumentos presentados por los involucrados en las pesquisas.
El primer magistrado en iniciar la revisión de sus casos y, por ende, el primero que celebrará las audiencias es Eduardo Valdés Escoffery, quien estudia cuatro expedientes: los de los circuitos 7-1 (Las Tablas), donde Ovidio Díaz, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), impugnó a Carlos Afú, de Cambio Democrático (CD). El del 9-1 (Veraguas), donde el perredista Rubén De León impugnó a Porfirio Ellis, de CD; el del 7-2 (Los Santos), lugar en el que se libra la pugna entre Olivares Frías, del PRD, y Mariela Vega, de CD (impugnada), y el del 2-1 (Coclé) donde se refutó la curul de Omar Castillo, exviceministro de Economía.
Luego se celebrarán las audiencias de los casos a cargo del magistrado Erasmo Pinilla, en los circuitos 2-4 (Aguadulce), donde se impugnó a Noriel Salerno, de CD, y el 4-1 (Chiriquí), donde se busca rebatir el puesto de Rogelio Baruco, de CD.
Por su parte, el magistrado Heriberto Araúz evalúa las pruebas presentadas en los casos del 4-6 (Chiriquí) por la impugnación de la elección de Ana Giselle Rosas de Vallarino, exdirectora del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.
Del circuito 6-1 (Herrera), contra el también diputado de CD Manuel Cohen. Además, Araúz atiende los expedientes del circuito 4-5 (Chiriquí), donde salió elegido Manolo Ruiz, de CD; y el del circuito 9-2 (Veraguas), donde se impugnó la reelección de Héctor Aparicio, de CD.
EDICTOS DE PRUEBAS
Esta semana, Valdés Escoffery rechazó de “plano por extemporáneas” las pruebas presentadas por Ovidio Díaz contra Carlos Afú, en el 7-1. En cuanto al 7-2 (Frías contra Vega), se rechazó “de plano por improcedente” el incidente de nulidad interpuesto por los abogados de Vega, quien pedía la anulación de una prueba presentada en el proceso, destaca un edicto emitido por la entidad.
Asimismo se corrió trámite a los impugnantes e impugnados en el circuito 9-1, (De León contra Ellis). En el caso de la impugnación a Omar Castillo (2-1, Coclé), el magistrado espera documentos de varias entidades a las que les solicitó información.
En tanto, el magistrado Araúz no ha anunciado si aceptó o negó la prueba presentada esta semana por Jorge Alberto Rosas, en contra de Ana Giselle Rosas de Vallarino, a raíz del proceso que se libra en el 4-6.
Rosas presentó información al TE en la que supuestamente demuestra que su adversaria “contó con $2.5 millones de recursos públicos durante su campaña”.
DEBEN INFORMACIÓN
Sin embargo, el TE también está en espera de que entidades como el Ministerio de Obras Públicas, el Programa de Ayuda Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas entreguen documentación que serán anexada a algunos expedientes.
Sobre este tema, Varela de Durán manifestó que, a raíz de un vacío en el Código Electoral , que no establecía fecha para la entrega de la información por parte de las entidades, los magistrados se basaron en el artículo 893 del Código Judicial para establecer como tiempo límite 15 días para que las instituciones entreguen la información requerida.
PUESTOS EN ACEFALÍA
Mientras que los procesos de impugnación que lleva a cabo el TE, relacionados con juntas comunales y alcaldías, mantienen algunos puestos públicos en acefalía. Ayer, el procurador de la Administración, Óscar Ceville, se pronunció al respecto.
Indicó en una nota que los representantes y alcaldes, cuyo período venció el 30 de junio pasado, deben permanecer en su puestos y hacer las funciones administrativas hasta que se resuelvan las impugnaciones.
Así lo estipula el Art. 793 del Código Administrativo. Su respuesta se da luego de que el abogado Sidney Sittón, quien representa a Lilia Batista, representante de Playa Leona, en La Chorrera, elevara una consulta a Ceville.