JUICIO POR SUPUESTA EXTORSIóN A IMPREGILO

Tribunal de Nápoles adquiere documentos

En una audiencia por la supuesta extorsión para la construcción del hospital en Veraguas, el periodista Juan Solés depositó las pruebas de su investigación.

Tribunal de Nápoles adquiere documentos
El Palacio de Justicia en Nápoles acogió ayer la audiencia, que presidió la jueza Giovanna Ceppaluni. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Cerdán.

El colegio de la sexta sección del Tribunal de Nápoles, presidido por la jueza Giovanna Ceppaluni, adquirió nuevas informaciones relevantes para dirimir el proceso que imputa a Valter Lavítola por extorsionar a la empresa italiana Impregilo, instigado por el Gobierno de Panamá, para la construcción del hospital pediátrico de Veraguas que prometió el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

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En la audiencia del pasado 5 de junio, la jueza instó al periodista de la cadena Prisa Radio (que en Panamá representa Radio Panamá), Joan Solés, citado como testigo por el fiscal Vincenzo Piscitelli, a que depositara en la sede judicial los documentos a los que hizo referencia en las tres horas de declaración, los cuales acopió en los dos años que dedicó a su investigación periodística.

Según pudo comprobar La Prensa, se trata de 18 dossiers sobre actos públicos de ministros panameños relacionados con el hospital en Veraguas, incluyendo declaraciones o eventos oficiales.

Adicional, Solés entregó 51 comunicados oficiales de la Presidencia de Panamá sobre el hospital y los procesos judiciales en Italia; cuatro documentos sobre las iniciativas de Berlusconi para construir hospitales en otros países; dos discursos del presidente Ricardo Martinelli; siete documentos y dos videos sobre amenazas del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en Roma a empresas italianas; informes sobre pagos a Lavítola; cinco documentos relacionados con República Dominicana, principalmente con la Metropolitana de Santo Domingo; ocho documentos sobre las actividades de Rogelio Oruña en diversos países; cuatro informes sobre Islas Vírgenes Británicas; cuatro notas de prensa del Gobierno de Italia; 21 fotografías de diversos eventos; seis grabaciones de audio; crónica original y grabada en Radio Panamá sobre el incidente en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en junio de 2013, y la versión que dieron funcionarios panameños.

También reunió cuatro publicaciones de la FAO; repercusión en la prensa panameña del incidente; 79 notas de prensa publicadas en medios de comunicación de Panamá, Brasil, Italia, República Dominicana, Portugal e Islas Vírgenes Británicas, de las cuales unas 30 documentan lo que el periodista califica de agresiones verbales por parte de altos cargos del Gobierno de Panamá, y cinco comentarios de Martinelli en su cuenta de la red social Twitter.

Solés deberá comparecer de nuevo ante los magistrados del tribunal de Nápoles en el juicio por corrupción política el 25 de junio.

El pasado lunes, después de conocer su participación en la audiencia del 5 de junio, la Secretaría de Comunicación del Estado emitió un boletín en el que afirma que Solés “miente” y pide explicaciones a los directivos de Prisa Radio. El grupo replicó que las declaraciones de su corresponsal son a título personal. Gremios periodísticos interpretaron el emplazamiento del Ejecutivo a Prisa como un ataque más a la libertad de expresión.

El expresidente y el exdirector adjunto de Impregilo, Massimo Ponzellini y Alberto Rubegni, respectivamente, declararon en la audiencia de ayer, tras escuchar sus voces en el audio de las interceptaciones No. 1690 y No. 1701, que son parte del sumario judicial. En las conversaciones del 2 y 3 de agosto de 2011, cuyo tercer protagonista es Silvio Berlusconi, consta que el presidente Ricardo Martinelli presionó por la edificación del hospital. “Fue una amenaza de Martinelli. El tono era amenazante”, declaró Ponzellini, quien calificó como un “acto de extorsión” las advertencias del gobernante de anunciar que Impregilo no ejecutaba un buen trabajo en el Canal y provocar su caída en bolsa. Manifestó que Valter Lavítola le pidió “un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno”.La tesis de la fiscalía es que el hospital era “una mera pantalla para vehicular coimas” destinadas a Martinelli. En tanto, Rubegni declaró que le parecía “extravagante” la posibilidad de que el Presidente, que no tiene vínculo con el Canal, pudiera difamar su empresa. Si bien los fiscales imputan únicamente a Lavítola, el nombre de Martinelli se repitió en el aula judicial como el artífice de la extorsión.

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