El Segundo Tribunal Superior ordenó reformar la resolución dictada por el Juzgado Cuarto Penal el 4 de diciembre de 2015, que fijó entre $25 mil y $50 mil las fianzas de excarcelación a 10 de las 33 personas –entre funcionarios y particulares– presuntamente ligadas a una red que cobraba dinero a cambio de otorgar libertades a procesados en juzgados de circuito penal y en el propio Segundo Tribunal.
En la resolución, fechada el 15 de este mes y firmada por el magistrado Luis Mario Carrasco, se aumentó de $50 mil a $60 mil las fianzas concedidas a Blas Eduardo Macre, Gabriel De León Castrellón, Edgar Jordán Archibol, Eduardo García González y Javier Segundo de Gracia Caballero.
El Segundo Tribunal Superior también incrementó de $25 mil a $60 mil el valor de las fianzas otorgadas a Ana Barsallo, Rosa Melia Quiroz, Carmen Castro Martínez, Evelio Hidalgo Solano y Rigoberto Ríos.
La reforma a las fianzas para estas 10 personas, quienes son investigadas por la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos, se da luego de que la Fiscalía Auxiliar apelara y sustentara su inconformidad con la decisión del juzgado de primera instancia.
El fiscal auxiliar Marcelino Aguilar sustentó que la mayoría de los solicitantes de las fianzas “realizaban, en calidad de servidores públicos dentro de la mencionada institución (Órgano Judicial), posibles acciones que desvirtuaban el curso legal en la decisión de los procesos, aprovechando la necesidad de las personas que requieren del desenvolvimiento del aparato judicial”.
El fiscal también mostró una serie de conversaciones entre los investigados y varios particulares, con el propósito de cobrar dinero a cambio de favorecer de alguna forma a personas investigadas por los tribunales de justicia.
Entre las personas investigadas como parte de este proceso figuran funcionarios de juzgados y tribunales del Órgano Judicial, así como miembros de jurados de conciencia que recibieron dinero a cambio de dictar fallos a favor de algunos sindicados en procesos penales.