El Tribunal de Juicio rechazó una solicitud de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli que tenía la intención de verificar la autenticidad de los siete cuadernillos que contienen información confidencial de las víctimas del caso de los pinchazos.
La defensa buscaba que, a través de un perito en documentología, se autenticara la información que ya fue verificada por el perito de la fiscalía, Luis Rivera Calle.
El juez Roberto Tejeira, quien preside el tribunal, dijo que la defensa no especificó a qué parte de los cuadernillos se les quería practicar la prueba, ya que allí hay una serie de actas de diligencias que hizo el Ministerio Público.
En cuanto a la pretensión de la defensa de que se incluyera como prueba una nota del exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón, en la que se detallaba que el testigo protegido era cabo de la institución, el juez Tejeira indicó que no se observó por parte de la defensa la utilidad que se le quería dar a esa información, más allá “del descrédito del testigo”.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, dijo que respetan la decisión del Tribunal, pero “queda claro que la defensa ha sido consistente en refutar la falta de integridad y legitimidad de las pruebas”.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Aurelio Vásquez, expresó que el peritaje de los siete cuadernillos “nos llama poderosamente la atención, porque resulta ser que, si bien es cierto que el Tribunal le dio la oportunidad a la defensa de que tuviera copia de los siete cuadernillos, la defensa jamás puede decir que desconocía su existencia”.
Carlos Herrera Morán Delgado, abogado del querellante Mauro Zúñiga, indicó que la autenticidad de los cuadernillos nunca ha estado en juego.
Al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se le investiga por la supuesta interceptación no autorizada de las comunicaciones de, al menos, 150 personas, realizadas por el Consejo de Seguridad Nacional entre 2012 y 2014.
Hoy se reanuda el juicio oral a las 9:00 a.m. con la comparecencia de los primeros testigos de Martinelli, que es procesado por la presunta comisión de los delitos de derecho a la intimidad e inviolabilidad del secreto y peculado, por las escuchas ilegales.