El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afecto al régimen, solicitó ayer a la también oficialista Asamblea Constituyente retirar la inmunidad del presidente encargado de la nación, Juan Guaidó, por violar la prohibición de salir del país que le fue impuesta el pasado 29 de enero, una acción que busca dar paso a su enjuiciamiento por presuntos delitos que van desde supuestos vínculos con hechos de violencia hasta recibir dinero del extranjero sin justificación.
Maikel Moreno, quien funge como presidente del tribunal, solicitó al presidente de la constituyente “que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Guaidó por violar las medidas cautelares que le fueron impuestas con anterioridad.
Guaidó realizó en febrero una gira por varios países de la región en abierto desafío a la prohibición de un tribunal que considera ilegítimo y a sus autoridades usurpadoras. Además de prohibirle salir del país, le congeló sus cuentas bancarias y le prohibió enajenar y gravar bienes a pedido de la Fiscalía General del régimen, que lo investiga por hechos violentos ocurridos en enero.
Guaidó desestimó la decisión del tribunal y catalogó de cobardes a los magistrados. “No hay ningún tipo de allanamiento, porque ni siquiera lo decretaron ellos [...] ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo ellos”, resaltó en un acto con simpatizantes en el centro de Caracas. “Rebotaron la pelotica a la constituyente”, añadió.
Una mayoría de venezolanos considera ilegítima a la Asamblea Constituyente y a la Fiscalía General, postura que comparten más de cinco decenas de países.
Juan Guaidó
Presidente encargado.
“No tenemos miedo, porque vamos a seguir adelante”, agregó Guaidó.
Moreno indicó que a Guaidó -presidente de la Asamblea Nacional- le fue impuesta una multa de 200 unidades tributarias -unos $3- por violar la medida de prohibición de salida del país.
“Instamos a que esta sentencia sea cumplida y se procederá a investigar por quebrantarla”, aseveró Moreno.
El anuncio se produjo cuatro días después de que la Contraloría General inhabilitó a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
El contralor del régimen, Elvis Amoroso, no precisó cuándo empezaría la inhabilitación ni reveló el monto de una multa que le será impuesta a Guaidó, pero sí agregó una acusación más: usurpar funciones públicas y cometer “acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio”.
Apagón
Y mientras la tensión política va en aumento y Nicolás Maduro estrecha el cerco judicial contra Guaidó, millones de venezolanos tratan de lidiar con los cortes de energía y se mantienen suspendidos servicios básicos como el agua.
La incertidumbre reinaba ayer tras el anuncio de Maduro de un plan de 30 días para racionar la electricidad. En cadena de radio y televisión, informó de la implementación del plan como parte de los intentos de “reponer y reconstruir” el sistema eléctrico nacional y lograr un equilibrio entre la generación, transmisión y la distribución de electricidad mientras se repara el “daño brutal” que, según Maduro, han causado Estados Unidos y sus adversarios locales.
El anuncio se produjo horas después de que una nueva falla dejó sin servicio eléctrico a Caracas y al menos dos decenas de estados, apagones que se registran a diario en el país desde el 7 de marzo.