El desarrollo del turismo en las áreas protegidas es una de las principales apuestas del Ministerio de Ambiente (Miambiente), antes de que concluya este gobierno, a mediados de 2019.
En Panamá hay unas 120 reservas naturales, y representan casi el 38% del territorio nacional, pero una buena parte no ofrece facilidades a los turistas. Este es el principal argumento de la entidad para impulsar esta estrategia.
El tema del turismo verde no es nuevo, pues las concesiones en reservas naturales estaban reguladas por la Ley No. 41 de 1998. De hecho, esta norma que creó la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), le otorgaba un plazo de un año a la entidad —luego de que la ley entrara en vigencia— para elaborar un plan de concesión de servicios, aunque no fue hasta ahora que se retomó el tema.
No obstante, el sector ambiental tiene sus dudas al considerar que en la actualidad las áreas protegidas están a merced de una administración “deficiente” y plegada a “favorecer intereses ajenos” a los fines de conservación que debe velar. Por esa razón creen que no se puede establecer un debate ambiental serio al respecto.
El plan piloto
Uno de los primeros pasos que dio el Ministerio de Ambiente fue concretar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $62 millones, para proyectos turísticos en cuatro áreas protegidas: Coiba (Veraguas), volcán Barú (Chiriquí), parque Portobelo y Bosque Protector de San Lorenzo (Colón).
El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, dijo que están en la elaboración del pliego de condiciones para publicar la primera licitación en Panamá Compra. En este caso, detalló que comenzarán con el Bosque Protector de San Lorenzo.
Allí también está ubicado el Castillo de San Lorenzo, una fortaleza de la época colonial que sirvió de defensa a la Corona española.
A su vez, esta entidad contrató el mes pasado una consultoría, por $50 mil, que tiene como fin “identificar el flujo de turismo” en cada sitio de visita del Parque Nacional Coiba, para “ordenar” el ecoturismo y el “manejo” de los visitantes en esta reserva del pacífico.
Para tener una idea, en Coiba hay unos 20 sitios identificados para desarrollo del turismo, pero no hay estudios científicos sobre la capacidad de carga de estos lugares, es decir, la cantidad de personas que pueden estar durante determinado tiempo allí.
Además, en otros parques naturales, como el Chagres, y que no están dentro del préstamo del BID, también Miambiente asignó $1 millón para rehabilitación de un puerto y la construcción de un complejo turístico.
Según Sempris, ninguna otra actividad económica genera y distribuye más equitativamente los ingresos que el ecoturismo.
Además, consideró que como estas reservas están aisladas, el Gobierno tiene el deber de brindarle a las comunidades que están dentro de estas alternativas económicas sostenibles, ya que muchas veces son vulnerables a actividades irregulares, como el narcotráfico.
Visión de ecologistas
Para Brooke Alfaro, presidente del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), hay dudas sobre cómo se pretende desarrollar este proyecto de turismo sostenible.
“Se puede tener un turismo sostenible que haga uso del área protegida, pero que no sea invasivo. Es decir, que no se hagan construcciones”, puntualizó el activista.
Precisamente, esto motivó a que el CIAM presentara un amparo de garantías, el cual suspendió la rehabilitación de una pista de aterrizaje en Coiba y otras facilidades para recibir a turistas.
“Estas reservas deben ser un santuario para nuestras especies y que el hombre pueda disfrutar, pero sin grandes intervenciones. Las áreas protegidas tienen zonas de amortiguamiento que se pueden usar para ecoturismo”, concluyó.
Otro actores del turismo, como los guías del volcán Barú, también tienen su posición sobre la explotación de estos sitios naturales.
Jorge López, guía especializado en áreas protegidas y ecologista de Barú, dijo que hay que tener “cuidado” con este tipo de proyectos, porque si bien es importante que las personas disfruten de las reservas naturales, también hay que garantizar que se controle su uso.
Utilizó como ejemplo lo que ocurre en el volcán Barú, donde no hay un correcto manejo de los desechos y algunas áreas del lugar se convierten en vertederos. “Hace poco, 50 personas tuvimos que limpiar el sitio y no terminamos de asearlo. Si se va a hacer turismo verde, hay que cumplir con los planes de manejo”, recalcó.
Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, expresó que le preocupa este tema, porque Miambiente ejecuta una “pésima” labor como ente rector en materia ambiental.
“A diferencia de otros países, donde sí hay una gestión ambiental seria, eficiente y en apego a criterios técnicos, científicos y legales, en Panamá no tenemos las condiciones ni autoridades que den muestra de que el turismo en áreas protegidas sea conveniente”, concluyó.
