El Ministerio de Ambiente (Miambiente) y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acordaron que pasadas las fiestas patrias establecerán “mesas de trabajo” legales y técnicas a fin de evaluar el estado de los terrenos de la extinta región interoceánica que aún están en manos del Estado.
La decisión llega tras años de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y residentes de Clayton, en el corregimiento de Ancón, advirtieran sobre lo valiosas que son cientos de hectáreas de bosque que se encuentran a orillas de la cuenca del Canal de Panamá, y que forman parte del inventario de la UABR, ya sea para venta o para subasta.
Pero, ¿cuánto terreno queda para desarrollo de aquellas propiedades que pasaron a Panamá como resultado de la firma de los tratados en 1977? Hay que precisar que de las poco más de 137 mil hectáreas que el Gobierno de Estados Unidos traspasó a Panamá, solo 13 mil 546 hectáreas eran para desarrollo o generación de empleo, es decir, se les aplicó un uso de tipo residencial, industrial o comercial. El resto –unas 123 mil 454 hectáreas– correspondía a bosques y áreas protegidas o estaban sujetas al uso, explotación o administración de la Autoridad del Canal de Panamá.
Según información suministrada por la UABR, todos sus bienes disponibles para desarrollo están fuera de áreas de protección ambiental, de acuerdo con lo que establece la Ley 21 de 1997 que definió el uso de suelo de las áreas revertidas. Aseguró, además, que se establecieron 60 mil hectáreas para reserva ecológica y protección ambiental y eso significa que no se pueden tocar.
No obstante, la entidad aclaró que de las 13 mil 546 hectáreas que fueron asignadas para desarrollo –en otras palabras, que se pueden vender o subastar–, actualmente tienen poco más de 4 mil hectáreas. Lo anterior quiere decir que se ha vendido en las últimas décadas un 70% de las tierras que fueron traspasadas a Panamá y que tenían como objetivo ser comercializadas.
La entidad, que está bajo el paraguas del MEF, también comunicó que su plan es promover el desarrollo de los bienes disponibles, siempre “respetando” las normas de uso de suelo establecidas.
Según la UABR, en este momento tiene 60 lotes disponibles, de los cuales 36 son de uso residencial y 24 de tipo comercial. Su plan es “promover” el desarrollo de estas tierras de modo que generen empleos e inversión que forme parte “integral” de la economía del país.
Por otra parte, y ante los planteamientos del Ministerio de Ambiente, de activistas y residentes de Ancón, las autoridades de la UABR precisaron que están revisando su inventario de tierras. “Se va establecer una mesa de trabajo técnica entre la UABR y el Ministerio de Ambiente para determinar cuáles de las tierras que tiene disponible la unidad son consideradas bosques primarios o secundarios”, manifestaron.
Esa labor comenzó luego de una reunión que sostuvieron con el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, tras la cual informaron que “los terrenos más boscosos no irán a subasta ni a venta”. En este encuentro también participó el secretario de la UABR, Fernando Paniagua.
La posición de Concepción ante este tema es que hay que dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley Forestal, que establece que los bosques naturales y las tierras sobre las que se encuentran esos recursos naturales son inalienables.
El ministro afirma que con esta posición además se cumple con los compromisos ratificados por el país en materia de biodiversidad y conservación, entre ellos, el adquirido con el Programa Conjunto de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de los bosques, adoptado en el seno de la Convención Marco de Naciones, cuya sede internacional acoge Panamá.
Este es un asunto muy ligado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a 2030 y que tienen que ver con la protección del medioambiente y la reducción de los efectos del cambio climático.
Para Susana Serracín, activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, la decisión de la UABR de suspender la venta de hectáreas boscosas es una medida “muy acertada” y “apegada a derecho”.
La ecologista recordó que como país signatario de convenios internacionales, y plenamente conscientes de la crisis climática y la devastación alarmente que reflejan las estadísticas en Panamá, es lo que se espera de nuestras autoridades y tomadores de decisiones.
“Hay que actuar en consecuencia con la normativa que regula la materia y establecer canales de diálogo abierto, transparente y ampliamente participativo, para tratar un tema tan importante para la conservación ambiental y para resguardar la calidad de vida presente y futura”, puntualizó.
Su mensaje final también se relacionó con el futuro hídrico de los embalses. “Además es una decisión sensata considerando la necesidad de agua para el funcionamiento del Canal”, acotó.