No será sino hasta septiembre próximo cuando el Parlamento Europeo tomará la decisión sobre los testigos a declarar en las pesquisas sobre posible blanqueo de capitales y evasión fiscal en el caso Mossack Fonseca.
Hasta septiembre no habrá ninguna decisión oficial sobre los testigos que en determinado caso deberán declarar ante la comisión de investigación del Parlamento Europeo que durante un año indagará los efectos y las responsabilidades evidenciados en los más de 11 millones de datos provenientes del despacho de abogados Mossack Fonseca compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
De momento, ni siquiera está definida la identidad de este grupo de investigadores que deberá examinar y descubrir si la Comisión Europea y los Estados miembros cometieron algún tipo de infracción en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal.
“El próximo jueves 23 de junio, la plenaria votará la lista de los 65 miembros que compondrán la comisión, que será constituida oficialmente durante la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia) durante la primera semana de julio”, han señalado a este periódico fuentes del organismo europeo.
“Solo a partir de ese momento los miembros de esta comisión, que provendrán de diferentes partidos políticos, podrán comenzar la discusión en mérito a quiénes llamarán como testigos, etc…”, han agregado.
De manera que las afirmaciones del parlamentario alemán Burkhard Balz, miembro del Partido Europeo del Pueblo, sobre el supuesto plan de citar a declarar a representantes del Gobierno de Panamá y empleados del bufete de abogados son, de momento, una declaración de intenciones sin una base real.
Las mismas fuentes han confirmado que no está previsto que haya “decisiones oficiales hasta septiembre”, aunque han reconocido que algunos grupos políticos del Parlamento Europeo ya han hecho algunas propuestas.
La creación de esta comisión de investigación, que estará en activo hasta julio de 2017 para realizar pesquisas acerca de la posible evasión de impuestos de Gobiernos y sus respectivos funcionarios de varios de los países que son miembros de la Unión Europea fue propuesta a principios de abril por el grupo de los Verdes.