¿Qué pretenden las autoridades de la Universidad de Panamá (UP), cuando, en vez de enviar documentos específicos solicitados por este diario, remiten centenares de papeles sin orden ni guía que no le fueron pedidos?
El rector de la primera casa de estudios, Gustavo García de Paredes, ha recibido varias cartas y muchas peticiones de información de este medio sobre temas específicos, pero su comportamiento muestra un patrón: abrumar con papeles no requeridos.
Le pasó también a la Contraloría General de la República (CGR), a donde envió unos 800 papeles digitalizados en un CD y copiado a La Prensa, a pesar de que el 97% de su contenido es ajeno a las peticiones de este medio.
Sus respuestas a este diario se enmarcan en lo parcial, en información no solicitada o en ignorar las preguntas, pese a que las solicitudes de información se basan en la Ley de Transparencia.
La última de las respuestas –firmada por el rector encargado Antonio Gómez (vicerrector de Investigación y Postgrado)– de cuatro folios y un archivo digital en completo desorden con unas 800 páginas, remitido a este medio este mes, lo confirma.
La carta dice que la UP actuó con transparencia y se refería a dos notas dirigidas por La Prensa a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en la que dejó constancia de que las peticiones de información a la UP no se atendieron.
El gran paquete
Copias de cartas, cheques, volantes, planos y registros contables ilegibles, informes de caja, escrituras, resoluciones administrativas de despidos de funcionarios y copias de cartas con la CGR, en las que se describe a los auditores de esa entidad como personas de corta inteligencia, confundidas, que no leen y que no auditaron con diligencia, están en los documentos que envió la Rectoría a La Prensa.
Lo recibido equivale a tres cajas de papeles, muchos de ellos viejos y desgastados, y otros ilegibles, por su baja resolución. Y leer el archivo digital exige ciertas destrezas, pues las páginas no tienen orden. Por ejemplo, una resolución que avaló la venta de una finca de la UP en Río Hato, Coclé, comienza en determinada página, pero para leerla completa hay que buscar el resto de sus páginas mirando hacia adelante y hacia atrás. Así mismo, cartas, cheques y contratos de diversas transacciones se repiten tres y cuatro veces en diferentes partes del archivo, lo que, obviamente, confunde al lector.
¿Avalúos?
La UP dijo copiar a este medio su respuesta a la CGR, de su petición de avalúos, a fin de respaldar las transacciones de venta y alquiler de terrenos revelados en una investigación de La Prensa.
Ese paquete de casi 800 páginas “corresponde a la información que ya habían recibido los auditores... que decían mediante la nota del contralor no haber recibido. Entre ellos, avalúos, contratos, documentos de los actos públicos, etc. Igualmente estas fojas corresponden a información por usted solicitada [por La Prensa]”.
Pese a lo voluminoso, lo que específicamente se le preguntó a García de Paredes desde diciembre pasado referente a la venta y alquiler de tierras universitarias aún permanece sin respuesta. Hay documentos que parecen ser avalúos de tierras –la solicitud medular de La Prensa–, pero en algunos no se identifica la entidad que los tramitó y en otros casos no es posible determinar su procedencia.
Otros avalúos están incompletos, y también hay inconsistencias respecto al año en que fueron hechos respecto a la transacción, puesto que los avalúos tienen un corto período de vida, por los cambios en el mercado. En este sentido, se adjuntaron avalúos que parecen ser de la finca en la avenida Martín Sosa, detrás de la iglesia Hossana, vendida en 1997.
Según la escritura que obtuvo La Prensa de los Archivos Nacionales, la venta de 1.5 hectáreas detrás de la iglesia Hossana fue por $1.4 millón, pero la UP menciona que la venta fue por un monto de $1.5 millón. En la documentación se adjunta algo que pareciera ser la primera página de un avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas, sin logo, sello, ni fecha y sin el cálculo. Otro avalúo de esta finca, que según el encabezado lo habría hecho la propia UP, y extemporáneo a la transacción (de 1994), da un valor de $3.3 millones por una superficie de 800 metros mayor al terreno vendido; y uno de la Contraloría, de 1995, que es 7 mil metros mayor al lote vendido, por valor de $2.8 millones.
Aun cuando la UP hubiera usado estos avalúos –uno de ellos sin vigencia– su promedio es $3 millones, pero se vendió en $1.4 millón. Tal como lo reveló La Prensa, con base en los valores de las fincas aledañas y el análisis de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, la UP vendió su patrimonio a un precio infravalorado.
La UP adjuntó avalúos de la venta de tierras para la ampliación del aeropuerto, que tampoco le solicitó La Prensa. En cambio, no envió los avalúos de la finca de Río Hato, que sí se le solicitaron, pese a que le dijo a la CGR que los tenía. Tampoco envió los avalúos de las tierras alquiladas en Tocumen.
Respecto a los avalúos de una transacción que la UP llamó“asociación accidental”, negociada directamente con Btesh & Virzi, García de Paredes contestó a la CGR que no se requerían porque “no era un arrendamiento”, aunque expertos en contrataciones advirtieron que es un contrato de “arrendamiento disimulado” que no cumple con las características de una asociación accidental.
Tampoco se envió el avalúo de las 42 hectáreas de tierras arrendadas al centro logístico Parque Sur, sino únicamente de 18 hectáreas de ellas.
García de Paredes calificó de “improcedente” la solicitud de la CGR del avalúo del resto de las 42 hectáreas –entregadas en adendas– pues nacieron a la vida jurídica después del contrato de arrendamiento. Pero, según el exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta, lo accesorio –en este caso, el resto de las tierras arrendadas– tiene la misma suerte de lo principal; y primero había que segregar para hacer el avalúo o avaluar toda la superficie a disponer.
Los avalúos de un lote a orillas de la avenida Domingo Díaz, donde había un hangar y que ahora se utiliza como centro de distribución, tampoco fueron enviados, pero remitieron unos reavalúos que la UP solicitó rebajar a favor de su cliente; y no el avalúo de toda la finca alquilada.
La CGR le contestó a la UP que no suplieron su solicitud, porque “los avalúos proporcionados corresponden a superficies y periodos que difieren con los descritos en los contratos”.