La negociación entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para encontrar una salida a la crisis que tiene paralizados los trabajos del tercer juego de esclusas, agota las últimas hojas en el calendario.
El pasado viernes, el consorcio, integrado por la empresa española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, envió una propuesta que, aseguró, “refleja los esfuerzos continuos para adaptarse a las preocupaciones expresadas por la ACP durante las negociaciones”.
La entidad canalera respondió con una contrapropuesta, que sería la última en su esfuerzo por encontrar una solución a una crisis que ya tiene más de un mes y cuyo origen son los sobrecostos –no reconocidos por la ACP– de $1,600 millones en el proyecto del tercer juego de esclusas, el más importante del programa de ampliación.
La propuesta de la ACP plantea, como había solicitado el consorcio, la extensión de los plazos de devolución de los adelantos, sin dar mayores detalles sobre estos.
Una rápida resolución del conflicto es clave para el proyecto, detenido desde el miércoles, cuando expiró sin éxito el protocolo de negociación fijado por las partes.
El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, dijo entonces que la institución estaría en disposición de asumir la obra y de concluir los trabajos en 2015, como está previsto actualmente; sin embargo, para ello hay que aprovechar la corta temporada seca.
