Una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno pidió ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Grupo de Lima que evalúe con “urgencia” los graves atentados que contra la población nicaragüense está cometiendo el régimen de Daniel Ortega.
Los exgobernantes, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, instaron a adoptar “las medidas de urgencia que se correspondan con la urgente protección de sus víctimas”.
“Ratificamos, en consecuencia, nuestra solidaridad con las víctimas de la represión por parte del régimen Ortega-Murillo, demandando de nuevo el cese de la represión gubernamental, la libertad de los presos políticos, y el estricto respeto por la vida e integridad personal de quienes ejercen sus libertades de manifestación, de expresión y de prensa en Nicaragua”.
Con un Daniel Ortega aferrado al poder, la población enterró ayer viernes a las 16 víctimas que han caído en los últimos dos días en medio de las protestas que desde el pasado 18 de abril no cesan. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostiene que “los agresores fueron la Policía represiva y las fuerzas de choque” que responden a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
No obstante, en su defensa, Ortega sostuvo en un comunicado que “no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos”.
Diálogo, estancado
El jueves, la Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció que no reanudará el diálogo que pretende buscar una salida a la crisis mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado” en las calles.
Las negociaciones se iniciaron el 16 de mayo con la mediación episcopal, pero fueron suspendidas tras apenas cuatro sesiones debido a la falta de una agenda consensuada: mientras los representantes de la sociedad querían discutir un adelanto de las elecciones y la democratización del país, el gobierno denunció una conspiración para “un golpe de Estado”.
(Con información de AFP y La Prensa de Nicaragua)