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PROPUESTAS

Vagos planes anticorrupción

La mayoría de los planteamientos contra la corrupción efectuados por los siete candidatos presidenciales se orienta hacia eventuales cambios a la ‘Constitución’. No hay propuestas concretas para acabar con la práctica.

Vagos planes anticorrupción
Vagos planes anticorrupción

En entrevistas, foros y debates los candidatos presidenciales han hablado de la certeza del castigo, de cambios a la Constitución, de predicar con el ejemplo, de desburocratizar el Estado. Todo ello, como antídoto para luchar contra la corrupción.

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Sin embargo, hasta el momento no han planteado propuestas concretas para eliminar esa práctica.

¿Cómo lo harán?, es la pregunta que aún no responden los interesados en llegar al Palacio de las Garzas, pese a que solo faltan 48 días para el próximo 5 de mayo, cuando los panameños escogerán a su próximo mandatario de la siguiente oferta: Laurentino Nito Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD); José Isabel Blandón, del Partido Panameñista; Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia (FAD); y Ana Matilde GómezMarco Ameglio y Ricardo Lombana, por la libre postulación.

En el primer debate presidencial, celebrado el 20 de febrero pasado, el combate a la corrupción giró en torno a la institucionalidad y un nuevo orden constitucional en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La mayoría de los planteamientos de los candidatos coincidió.

Ejemplo y nuevas leyes

Nito Cortizo, del PRD, manifestó que los cambios a la Constitución los haría la nueva Asamblea Nacional y luego serían sometidos a referéndum. En otros foros, el perredista también ha dicho que para evitar la corrupción “predicará con el ejemplo” y que lo importante es “que no se robe” y “no se mienta”.

También propone cambios a la ley de contrataciones públicas para evitar la discrecionalidad que tienen los funcionarios al momento de aplicarla. Pero no ha dicho cuáles son esas reformas.

Roux, de CD, también asegura que se debe cambiar la Constitución y que esto se debe hacer a través de dos Asambleas. Plantea recortarle el poder al Ejecutivo y reformar la escogencia de los magistrados. No explica cómo se escogerían. Las frases “predicar con el ejemplo” y “cero tolerancia a la corrupción” han sido constantes en sus discursos, sin dar a conocer los programas que le darían vida a esos estribillos de campaña.

También promete cambios a la ley de contrataciones públicas, flexibilizada en el gobierno de Ricardo Marrtinelli (2009-2014), del que formó parte.

Blandón, el candidato del ala oficialista, ha dicho que lo primero que hará será iniciar un proceso para la constituyente. También tiene en la mira la ley de contrataciones públicas, norma que en su gestión en la Alcaldía de Panamá usó para otorgarle un contrato de $100 millones a Odebrecht en momentos cuando ejecutivos de la constructora brasileña confesaron haber sobornado a funcionarios panameños para obtener proyectos.

Incumplen el Reto por la Transparencia

Seis de los siete presidenciables firmaron en enero pasado el Reto por la Transparencia de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Con ello, se comprometieron a incluir en sus planes de gobierno propuestas de leyes para mejorar la transparencia en las áreas de prevención de conflictos de interés y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros. Pero hasta la fecha, según la fundación, “ningún candidato ha cumplido con su compromiso”.



Se comprometió a presentar una ley para castigar los conflictos de intereses y otra para proteger a quienes denuncien la corrupción.

Para el candidato del FAD, Saúl Méndez, una “constituyente originaria”, con la participación de todos los sectores, ayudaría a eliminar la corrupción. Promete eliminar el fuero electoral y reducirle el salario a los diputados, así como el de otras autoridades del Estado.

Castigo y bono

Por su parte, la independiente Ana Matilde Gómez aboga por una constituyente para cambiar temas como la “perversa relación de diputados-magistrados”. Propone evitar el endeudamiento irresponsable y promete hacer que “todos rindan cuentas”.

Asimismo, indica que para evitar la corrupción habrá certeza del castigo. Tampoco ha dicho cómo se hará efectivo esto último.

Marco Ameglio expresa que en su gobierno habrá una conducta ejemplar. Ameglio, el único que ha hecho público su plan de gobierno, afirma que para evitar la corrupción, aparte de presentar leyes anticorrupción, entregará bonos o incentivos económicos a los funcionarios que ocupen altos cargos en el Estado. ¿De cuánto será el bono? No lo precisa el plan, aunque establece que debe ser “atractivo” para que los funcionarios permanezcan fieles.

Entretanto, Ricardo Lombana defiende la necesidad de una asamblea constituyente. Ha dicho también que como presidente lo mejor “es el ejemplo”.

Apela por una reforma judicial a través de la Constitución, que demuestre que no habrá fueros ni privilegios para nadie, sin clientelismo, cero favores políticos y cero botellas.

El plan para eliminar los fueros, los favores políticos y las botellas, no se ha dado a conocer.

Planes no son concretos

Para dirigentes de la sociedad civil, los planteamientos de los presidenciables no llenan las expectativas.

Maribel Jaén, de Justicia y Paz, considera que ya es hora de que pasen de hacer críticas y denuncias a presentar propuestas concretas. “Los ciudadanos no hemos visto propuestas a profundidad, por lo que aún no llenan nuestras expectativas. El tema de la corrupción nos preocupa a todos y es muy importante que los candidatos lo dejen claro en sus planes de gobierno”, dijo.

Otro que considera que son “muy generales y vagas” las propuestos es Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Afirma que se habla de reformar la Constitución, pero no han captado que eso no requiere reforma, sino un nuevo modelo de democracia y de desarrollo económico. “Eso no se hace solo reformando la carta política del país”, planteó.

En el último informe de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se advierte que Panamá se estancó en la lucha anticorrupción. Sigue en la posición 97 de 180 países.


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