Un muerto más, un minero de 26 años, se sumó a los dos manifestantes fallecidos y el asesinato de un viceministro a manos del sector de los mineros artesanales, en la protesta más fuerte contra el presidente Evo Morales en sus años de gobierno.
“Son tres muertos de parte de los mineros... el último murió el jueves y se hará una autopsia de ley. Creo que es la justicia la que debe actuar para aclarar las muertes incluyendo la del viceministro de Interior Rodolfo Illanes”, dijo ayer el ministro de Gobierno Carlos Romero.
El hecho sucedió en los enfrentamientos en la localidad de Panduro, al sur de La Paz, lugar en el que fue asesinado el viceministro tras ser secuestrado por los manifestantes.
La Fiscalía ya detuvo a 40 mineros, entre ellos el principal líder, Carlos Mamani.
“Tras la valoración de las pruebas colectadas y las declaraciones de los distintos actores y testigos, la comisión de fiscales imputó a tres mineros por los delitos de asesinato, organización criminal; y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría”, señaló el fiscal Edwin Blanco en comunicado de prensa.
El presidente Evo Morales en un contacto con los medios ayer, reiteró que el secuestro y asesinato a golpes del viceministro “ha sido una conspiración” para derrocarlo.
“Otra vez el Gobierno ha derrotado un golpe de Estado. Tenemos informaciones preocupantes. Era algo preparado para tumbar al Gobierno”, afirmó en conferencia de prensa en la ciudad central de Cochabamba.
Un día antes, el mandatario había denunciado que la muerte de Illanes fue una conspiración contra su gobierno manipulando “una supuesta reivindicación” social. Illanes fue velado en el Palacio de Gobierno y hoy será enterrado. Funcionarios de gobierno y legisladores le rindieron honores.
Estos mineros llamados cooperativistas suman más de 100 mil y están asociados a cooperativas que ellos mismos administran. El gremio exige desde hace meses asociarse con empresas privadas, incluso con extranjeras según el Gobierno, para hacer frente a la caída en los precios de los metales.
El Estado en la década de 1980 les entregó minas casi agotadas que explotan con reducido capital y precaria tecnología. Arrancan el mineral de la roca a punta de dinamita y barreno. Producen cinc, estaño, plata y oro.
Pero la negativa del Gobierno a que se asocien con capital privado y una reforma para que en las cooperativas haya sindicatos, los puso en pie de guerra. El Gobierno aduce que al ser empresas de carácter social, no lucrativas y con beneficios impositivos no pueden asociarse a capitalistas.