La insistencia del presidente, Ricardo Martinelli, de responsabilizar al vicepresidente, Juan Carlos Varela, en la decisión de otorgarle asilo territorial a la exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia María del Pilar Hurtado, es con el fin de desviar la atención del escándalo del contrato del Gobierno con la empresa italiana Finmeccanica.
Así lo dijo ayer el vocero del presidente del Partido Panameñista y exviceministro de Trabajo Ernesto Carles, quien explicó que para la época de la concesión de asilo a Hurtado, Varela se encontraba en misión oficial en Cuba y luego se trasladó a Houston para la intervención quirúrgica de su papá.
“De los seis colaboradores del entonces presidente Álvaro Uribe que estaban viendo si tramitaban la solicitud de extradición, solo dos se acercaron a la Cancillería”, explicó Carles.
Aseguró que por instrucciones de Martinelli los recibió el vicecanciller Álvaro Alemán. Posteriormente el decreto de concesión de asilo territorial lo firmaron Martinelli y Alemán.
Autoridades colombianas emitieron la semana pasada una solicitud de extradición de Hurtado, a la que acusan de espionaje telefónico y se investiga por abuso de autoridad, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos.
Una fuente de la Cancillería dijo que lo más probable es que el Gobierno invoque el artículo IV de la Convención de Caracas de 1954, según el cual no es procedente la extradición cuando se trate de personas perseguidas por delitos comunes con fines políticos.