Miembros de la sociedad civil consideran que el presidente Juan Carlos Varela ignoró sus recomendaciones para incluirlas en el veto parcial del proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 (de contrataciones públicas).
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, piensa que la objeciones que presenta el presidente al proyecto 305 no aseguran el riesgo que la actual ley de contrataciones públicas pone a los fondos del Estado, dejando la puerta abierta a actos de corrupción.
“No fue considerada la posición de la sociedad civil de incluir a quienes hayan sido investigados o condenados fuera del territorio nacional”, afirmó.
De igual manera, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza, insistió en la inhabilitación de las empresas condenadas.
“Avanzado el debate, solicitamos que no se excluyera la compra de medicamentos del proyecto, y que se incluyeran mecanismos para inhabilitar a las empresas condenadas dentro o fuera del país por delitos contra la administración pública”, resaltó García Icaza.
La arquitecta Sandra Escorcia deploró el veto parcial del presidente, alegando que deja por fuera recomendaciones de la sociedad civil y de varias agrupaciones y gremios, como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
“Es lamentable que todavía continuemos ayudando a empresas corruptas a seguir haciendo contratos en Panamá”, resaltó.
En su momento, la SPIA recomendó la inhabilitación de las empresas con condenas a nivel nacional y en el extranjero, así como la eliminación de los contratos “llave en mano” para reemplazarlos por actos de licitación independiente.
El Ejecutivo vetó por inconvenientes los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de ley 305, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el 29 de abril pasado.
El Gobierno solicita la inclusión de compras de medicamentos en la ley, que la semana entrante será analizada por la Asamblea Nacional.