El presidente de la República, Juan Carlos Varela, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de objeción por inexequibilidad contra dos proyectos de ley aprobados por insistencia en la Asamblea Nacional.
Se trata del proyecto de ley 656, por el cual se crea la comarca Naso Tjër Di, y el proyecto de ley 666, por el cual se extiende el apoyo económico a los afectados durante las protestas efectuadas en la provincia de Bocas del Toro en julio de 2010 contra la llamada “ley chorizo”.
Le correspondió al recién elegido magistrado principal, Abel Zamorano, ser el ponente del recurso contra la nueva comarca, y a la magistrada Ángela Russo el recurso contra el proyecto de ley 666, según consta en el informe de reparto de la secretaría general de la Corte.
Leyes aprobadas por insistencia
Nueva comarca
En diciembre de 2018, Varela vetó el proyecto de ley 656 que impulsaron los diputados perredistas Benicio Robinson y Ausencio Palacio, por considerar que la iniciativa obvió el requerimiento de consulta pública y estudios técnicos previos.
Esta nueva comarca será segregada del distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, con una delimitación de 160 mil 616 hectáreas, incorporando terrenos que pertenecen actualmente al Parque Internacional La Amistad, y 21 mil 722 hectáreas del Bosque Protector Palo Seco, ambas áreas protegidas.
En su informe de veto, el mandatario expuso que el proyecto “es inconveniente por razones de fondo, como los conflictos existentes con la normativa ambiental nacional e internacional...”. Además, señaló que es inexequible porque altera la condición de área protegida establecida por la ley vigente.
Pese a ello, el pasado 20 de febrero, el pleno de la Asamblea lo aprobó por insistencia. El Ejecutivo lo remitió a la Corte para que decida si es constitucional o no, como ordena el artículo 171 de la carta política.
Caso ‘ley chorizo’
Sobre el proyecto de ley 666, que busca prorrogar la ayuda económica de $200 hasta el año 2020 a los trabajadores que resultaron heridos durante las protestas contra la “ley chorizo”, el mandatario la objetó tras considerar que los diputados incluyeron aspectos ajenos al espíritu de la propuesta que fue inicialmente presentada por el Ejecutivo. Por ejemplo, que se elevó el subsidio de $200 a $300.
También indicó que se legisló sobre las jubilaciones establecidas en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, dando el derecho a los trabajadores que presten servicios en las empresas bananeras a un “retiro anticipado por vejez”, a los 58 años los hombres y a los 54 las mujeres.