El presidente Juan Carlos Varela ya no tiene cuentas pendientes en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Esa instancia archivó ayer tres recursos que instaban a investigar al mandatario.
Se trata de las acciones legales interpuestas contra la intención del gobernante de fusionar el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, por no cumplir con promesas de campañas y por no resolver un habeas data relacionado con el Servicio Nacional Aeronaval.
Los diputados consideraron que estos recursos eran “peticiones de investigación sin sustento” y que “ni siquiera entraban en la categoría de denuncias”. Esa instancia también desestimó otras denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado.
Los magistrados José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega ya no podrán ser investigados por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, luego de que siete víctimas de la interceptación de comunicaciones en el gobierno pasado los denunciaran.
Los denunciantes, entre ellos, la perredista Balbina Herrera, objetaban que tres funcionarios de la Corte viajaran a Miami a notificar al expresidente Ricardo Martinelli sobre la solicitud de una audiencia por el caso Impregilo, sin que el magistrado Harry Díaz, fiscal del caso, tuviera conocimiento.
Según la comisión, la denuncia “carecía de la prueba sumaria”.
En tanto, el otro recurso desestimado por falta de pruebas fue promovido por Florencio Barba Hart, quien pedía que se procesara al magistrado Cecilio Cedalise por la presunta “pérdida" de un expediente.
Mientras que la denuncia contra la vicepresidenta de Saint Malo fue desestimada a raíz de que la comisión que preside Fernando Carrillo consideró que no se encontró ningún tipo de conducta que atentara contra el funcionamiento de la Corte.
Esto, a raíz de que Carmen Cal de Carles pidió que se le procesara por la presunta extralimitación de funciones, cuando la canciller envió una nota a la Corte manifestando que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario es “vinculante para Panamá”.