El presidente Juan Carlos Varela anunció ayer que en el próximo Consejo de Gabinete -15 de junio- decidirá si sanciona o veta el proyecto de ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas.
Varela recibió el 10 de mayo pasado de la Asamblea Nacional el proyecto 305 para su consideración y justamente el 15 de junio vence el plazo de 30 días hábiles que le otorga el artículo 169 de la Constitución al Ejecutivo “para devolver con objeciones cualquier proyecto”.
La demora del mandatario respecto al proyecto 305 le ha generado diversas críticas de la sociedad civil.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, informó que tomará dos sesiones del Consejo de Gabinete para decidir si sanciona o veta el proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.
“Vamos a iniciar el debate hoy [ayer] en el Gabinete. Debe continuar el próximo martes y el 15 [tomaremos] una decisión final”, dijo el mandatario durante la entrega de proceder para la construcción de un proyecto de vivienda por $3.7 millones ubicado en Ancón, corregimiento de Santa Ana.
El proyecto de ley 305 está en las manos del mandatario desde el pasado 10 de mayo, cuando le fue enviado por la Asamblea Nacional. La Constitución, en el artículo 169, le confiere 30 días al Ejecutivo para sancionar o vetar un proyecto de ley.
Respecto a la compra de medicamentos por la Caja de Seguro Social (CSS), Varela confirmó que se analizará su inclusión o no en el sistema de contrataciones públicas, al igual que el tema referente a la divulgación o no con anterioridad del precio de referencia por la entidad licitante de un acto público.
El gobernante dijo que este punto es uno de los que más preocupa al Gabinete. “Nos preocupa mucho que el tema de los medicamentos no fue incluido [en el proyecto]; nosotros sí queríamos que se incluyera... nosotros queremos ”, dijo.
“Sentimos que tener un convenio de compra de medicamentos tipo PanamáCompra lo hace mucho más eficiente”, indicó.
Varela no se refirió a la propuesta que tampoco fue incluida por la Asamblea Nacional referente a prohibir a empresas condenadas por corrupción u otros delitos en el extranjero a que participen en licitaciones con el Estado panameño.
Manifestó que se abordará el tema referente a la convocatoria a un diálogo a sectores de la sociedad civil para redactar una ley de transparencia que blinde el sistema de contrataciones públicas.
Dirigentes de la sociedad civil han criticado la dilación para tomar una decisión sobre el proyecto de ley 305 y la convocatoria al diálogo.