El asesinato se ha convertido en Venezuela en un instrumento de la represión sistemática que lleva a cabo el Gobierno, aseguró ayer en un informe un panel de expertos internacionales independientes convocados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Se recomienda remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), y se asegura que los autores de tales hechos son miembros de las fuerzas de seguridad, tanto del Estado como regionales, y grupos paramilitares partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, que operan de manera coordinada.
El panel, compuesto por los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá), identifica a 131 víctimas de los asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, los cuales fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o los colectivos.
El documento sostiene que desde 2015 en Venezuela se han registrado más de 8 mil 292 ejecuciones extrajudiciales, que en muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad, que fingen que han ocurrido falsos enfrentamientos.
Se afirma que “Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014”.