Bosques vírgenes en el norte de Coclé y en San José del General –en la provincia de Colón– fueron titulados por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en la pasada administración en inusuales y veloces procesos de adjudicación a nombre de ciudadanos venezolanos, cubanos, una guyanesa, y de panameños, todos con vínculos entre sí.
Estas personas –unas 30– han acaparado unas 3 mil hectáreas de tierra, de las que más de 2 mil hectáreas fueron tituladas hasta junio de 2014 por el entonces administrador de la Anati, Franklin Oduber. En este grupo hay matrimonios, vínculos parentales políticos y de sangre, y de amistad.
La titulación de las fincas –que se ubican en el llamado Corredor Biológico Mesoamericano, que limita con la cuenca del Canal de Panamá– comenzaron en diciembre de 2012.
En ese corredor biológico hay unas 13 mil 600 hectáreas de tierra en las que Minera Panamá desarrollará la extracción de cobre a tajo abierto, a pesar de los procesos administrativos que actualmente se le siguen por afectaciones a las fuentes hídricas, como informó el Ministerio de Ambiente.
Hasta el 31 de julio de 2014, el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano en su segunda y última fase había recibido $18.1 millones y, a pesar de ello, no se destinó ningún fondo para Coclé del Norte. Entre tanto, las autoridades no detuvieron las titulaciones ni hubo objeciones a fin de preservar el lugar.
VELOCES TRÁMITES
Todo lo contrario: los peticionarios lograron aprobaciones con inusual rapidez, a través del entonces director regional de la Anati en Colón, Marcos Lim. Luego pasaron sin dilación alguna a la titulación, todas firmadas por Oduber y expedidas en la provincia de Veraguas, donde una sola funcionaria de esa entidad –Aminta de Batista– realizó todas las inscripciones en el Registro Público.
Batista, además, pagó con cheques y una tarjeta de crédito la alteración de turno para agilizar los trámites de inscripción de las fincas. Además, el mismo método de pago lo utilizaron algunos beneficiarios de las fincas recién tituladas.
Varias de las inscripciones se hicieron días antes de que el actual gobierno asumiera el poder. Se intentó conocer la relación de la exfuncionaria con los beneficiados, pero evitó brindar cualquier pormenor. Cualquier explicación la tendrán que dar sus “superiores”, afirmó, sin dar detalle.
“Creo conveniente que por esas investigaciones no debo responder –añadió–, ustedes son un medio investigativo, pero no son las personas a las que debo dar una respuesta. Cuando a mí me tengan que llamar a los lugares competentes, entonces mi abogado o yo responderemos. Usted siga investigando, que todas las respuestas las va a tener en su preciso momento”.
Batista reveló que se acogió a un retiro laboral voluntario en diciembre de 2015. A pesar de ello, hasta febrero pasado aparecía en la planilla de la Anati con el cargo de secretaria.
Por estas tierras se pagaron unos $12 mil, ya que los precios de venta catastrales se establecieron entre $78 y $300 la hectárea.
Documentos a los que La Prensa tuvo acceso, revelan los apresurados procesos en la publicación de edictos, solo dos meses después de haberse solicitado la titulación de terrenos a la Anati.
El acelerador también estaba a fondo en la aprobación de planos. Por ejemplo, se solicitaron tierras en mayo de 2013 y un mes después ya contaban con los planos aprobados. Y a inicios de julio de ese mismo año se publicaban los edictos, algunos firmados por la entonces suplente del director regional de la Anati en Colón, Soledad Martínez.
“Hay otros casos de tierras que se están dando acá [en la Anati de Colón] en el mismo lugar y en otros, pero uno se tiene que quedar callada. Usted sabe cómo está la situación”, afirmó una temerosa funcionaria de la Anati.
Indicó que los procesos se manejaron en “tiempo récord” y que “muchas de esas tierras, que no se titularon antes de julio de 2014, están en trámites de firma”.
LOS BENEFICIARIOS
¿Qué abrió las puertas a estas titulaciones? El dedo apunta al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna –hoy preso en El Renacer–, bajo cuya ponencia firmó en abril de 2012 un fallo que ordenó suspender una resolución de marzo de 2009, que declaraba a Donoso “área protegida”. En mayo pasado, un reciente fallo de la Corte devolvió la categoría de área protegida a Donoso.
Aunque los “compradores” son residentes del barrio capitalino Costa del Este, de San Miguelito, Clayton, Bella Vista, Condado del Rey, San Francisco, Parque Lefevre, Villa Lucre, Tocumen, Pacora y Arraiján, todos lograron titulaciones en procesos veloces en Colón.
Ocho titulaciones de las primeras firmadas por Oduber, del 15 de julio de 2013, tenían numeración consecutiva. Justamente, así fue la forma de titular en las playas de Juan Hombrón a favor de la familia del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
La diferencia con Donoso es que las peticiones de tierra en esta zona iban desde 70 hectáreas hasta 185 hectáreas por persona. Una de las beneficiadas –la cubana Vianeya Mordoche– evitó hablar de las más de 70 hectáreas que posee en Coclé del Norte.
Interrogada, vía telefónica, sobre el tiempo que tenía en posesión de las tierras, indicó: “Déjeme consultar un momentito y ya le llamo, porque no sé de qué me está hablando”. En esa breve entrevista –realizada el 7 de octubre de 2013– Mordoche prometió hablar de estos terrenos y de las 80.7 hectáreas solicitadas por su madre, Ileana De La Hoz, a la Anati, pero no se comunicó nunca más.
De las tierras solicitadas por De La Hoz, en julio de 2013, Oduber estampó su firma en las primeras 36.2 hectáreas. Luego, la cuñada de Mordoche, Yusara Lorenzo, logró otras 75.8 hectáreas.
En contraste, residentes de Coclé del Norte –que viven de la pesca y la agricultura– solo sueñan con ser dueños de la tierra donde habitan. Algunos de ellos aseguran haber solicitado el título de propiedad a la Anati antes de 2005, amparados por derechos posesorios, pero, a la fecha, siguen sin respuesta.
Pero a su vecina –Minera Panamá, que solicitó más de 46 hectáreas en Punta Rincón, donde construyó un puerto en el Atlántico– la Anati le publicó sus edictos en agosto de 2013.
Minera Panamá también adquirió terrenos en los últimos años, tras comprárselos a particulares. Se desconoce qué regulación al respecto hizo la Anati y la otrora Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), hoy Ministerio de Ambiente, para proteger la zona boscosa (Ver nota adjunta).
El gerente de País de Minera Panamá, Todd Clewett, informó en su momento que adquirieron “mil 600 hectáreas para entregar títulos de propiedad a las familias que tenían derechos posesorios”, las cuales, dijo, están reubicando a causa del desarrollo del proyecto.
? ¿Qué institución fiscaliza estas reubicaciones? Son interrogantes que se negó a responder en su momento Oduber.
El actual administrador de la Anati, Carlos González, afirmó que coordinarán con Minera Panamá la entrega de los títulos, pero que el proceso se había suspendido hasta verificarse los beneficios entregados en el pasado gobierno.
González dijo que se entregaron estos terrenos para ser donados, pero que fue un arreglo al que llegó la anterior administración de la Anati con Minera Panamá.
“Yo no sé si era el mejor [arreglo], pero era el más fácil, porque hablamos de más de 400 familias”, precisó.
Sobre la protección a la zona boscosa, quedan más preguntas que respuestas. González expresó que “lo que sí puedo decir es que las titulaciones a Minera Panamá tienen el visto bueno de la nueva administración” del Ministerio de Ambiente.
Pero “las investigaciones por temas de tierras se han vuelto más complicadas que las financieras, ya que no existía un registro de expedientes”, puntualizó.
