Familiares de las víctimas y sobrevivientes del consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol protestaron ayer en el Palacio de Justicia Gil Ponce contra el fallo del Segundo Tribunal Superior Penal que el pasado viernes declaró libre de culpas a exdirectivos de la Caja de Seguro Social (CSS) acusados por los envenenamientos masivos.
Omaira Tristán, quien se intoxicó en 2006 tras ingerir medicinas contaminadas, dijo sentirse indignada ante este fallo, que dejó prácticamente sin sanción a quienes elaboraron los medicamentos que luego fueron dados a la población.
Tristán dijo que la pena de 12 meses de prisión aplicadas a Edward Enrique Taylor, exfuncionario del Departamento de Control de Calidad de la CSS; Miguel Algandona, exanalista de laboratorio; Nereida Quintero y a Marta Cristelly, ambas de la Dirección de Abastos, les permite obtener una medida cautelar o que su pena sea convertida en multa, por lo que no habrá una sanción real para ellos.
Antonio Vargas y Leosmar Tristán, abogados de las víctimas, anunciaron que apelarán la sentencia de dictada por los magistrados del Segundo Tribunal.