Víctimas de las intervenciones telefónicas, cometidas durante la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), pidieron a la Cancillería solicitar a Estados Unidos (EU) la detención inmediata del exmandatario para asegurar que se cumpla con la solicitud de extradición presentada por la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes 27 de mayo.
En una nota remitida ayer 1 de junio por el abogado Ángel Álvarez, representante legal de la diputada perredista Zulay Rodríguez, del abogado Miguel Antonio Bernal y de la educadora Yadira Pino, se solicita que a través de los canales diplomáticos previstos se pida a las autoridades estadounidenses el arresto de Martinelli, con fines de extradición.
En la nota se invoca el artículo 10 de la Ley 4 del 27 de septiembre de 1938 con la que se aprobó el convenio sobre extradición entre EU y Panamá, además de la Ley 29 del 23 de diciembre de 1991 que aprobó la Convención Interamericana sobre Extradición.
En tanto, Rodolfo Pinzón, abogado de la ex candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera, otra de las víctimas de las interceptaciones, estimó que “esta es una acción perfectamente legal, por lo que podría ser puesta en ejecución por parte de Estados Unidos, si Panamá lo solicita al momento de presentar formalmente la solicitud de extradición”.
Por su parte, Carlos Herrera Morán, abogado del médico Mauro Zúñiga, a quien el gobierno pasado también espió sus comunicaciones, coincidió en que sería una medida que impediría a Martinelli abandonar EU antes de concluido el trámite de extradición.
El pasado viernes 27 de mayo, el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías del caso, envió a la Cancillería la documentación para la extradición de Martinelli, documento que debe ser presentado a las autoridades de EU, país donde vive el exgobernante desde enero de 2015.
La petición se entregó casi cinco meses después de que el pleno de la Corte ordenara a Mejía tramitar la solicitud de extradición para que el exmandatario haga frente a un juicio, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad en perjuicio de 150 personas.
La defensa de Martinelli dice que el caso “es político”.