Como una burla al clamor de justicia que exigen desde hace 10 años, calificaron ayer las víctimas y familiares de los afectados por el consumo de medicamentos con dietilenglicol, luego de que el juez Luis Mario Carrasco suspendiera la audiencia seguida contra 11 imputados por la intoxicación masiva con esta sustancia, que ha causado la muerte de al menos 170 personas y ha afectado a otras 10 mil.
La expectativa era grande, pues habían esperado por años este proceso judicial. Familiares de los afectados y víctimas del envenenamiento masivo llegaron desde tempranas horas al Segundo Tribunal Superior de Justicia. “Queremos justicia”, clamaba la mayoría.
La audiencia inició a las 10:10 a.m. con la intervención de Carrasco, y la presentación de los abogados de los imputados.
Entre los acusados figuraban Ángel De La Cruz y Teófilo Gateno, directivos del Grupo Comercial Medicom, S.A., el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani, y la exjefa del laboratorio de producción de medicamentos de la CSS Linda Thomas; entre otros.
Se les señala de la supuesta comisión de los delitos contra la salud pública, la fe pública y contra la vida e integridad personal.
PROCESO
El proceso surge tras conocerse en 2006 los primeros casos de envenenamiento por el consumo del tóxico. Todo inició luego de que la CSS comprara en 2003 una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró el jarabe guayacolato y pastas para la piel, pero que finalmente se comprobó que no era glicerina, sino una sustancia venenosa llamada dietilenglicol, que es utilizada como refrigerante industrial no apta para el consumo humano.
Ayer, tras la presentación de los abogados, se dio lectura a un escrito remitido por el abogado Valentín Jaén, en el que comunicaba que su defendida, Josefa De La Cruz, una de las personas imputadas, estaba incapacitada por lo que no podría asistir, por lo que solicitaba se suspendiera la diligencia. Pero en vez de enviar la incapacidad de De La Cruz, Jaén envió fue su incapacidad. Carrasco suspendió la audiencia, que se retomará el próximo lunes 21 de marzo a las 9:00 a.m.
Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, calificó de “lamentable” y “bochornoso” que un abogado que va a defender a un imputado presente una incapacidad de él mismo. “Estas son las cosas ilógicas que se ven en este país”, añadió.
Mientras que Antonio Vargas, quien representa a cinco de las víctimas de este proceso, dijo que es un acto “muy cuestionable”.
En tanto, Abimeleth Domínguez, de 33 años de edad, quien viajó desde la provincia de Herrera, dijo que “se han burlado de nosotros nuevamente después de 10 años. Nos quisieron matar, pero vamos a seguir luchando por la vida de nuestros familiares”.