Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida solicitaron al magistrado Abel Zamorano el cumplimiento de la sentencia condenatoria a los implicados en el caso de los envenenamientos masivos con dietilenglicol.
Gabriel Pascual, vocero del comité, dijo que ayer se reunieron con el magistrado y le expresaron su rechazo por el incumplimiento del fallo –fechado el 11 de abril pasado–, que aplicó condenas al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani; al exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) Pablo Solís; a Ángel De La Cruz, dueño de Medicom, empresa que importó el tóxico; y a exfuncionarios de diferentes despachos de la CSS y el Minsa.
Pascual detalló que las víctimas del tóxico exigen el cumplimiento de las sanciones aplicadas, ya que tiene conocimiento de que algunos de los sancionados han presentado recursos para la sustitución de la pena de prisión y otros han interpuesto solicitudes de prescripción de la acción penal.
Detalló que la intoxicación masiva con dietilenglicol ocasionó cientos de víctimas y afectaciones permanentes a un número no determinado de personas y que ahora, después de más de 10 años de lucha y una condena en firme, los condenados no quieren hacer frente a su responsabilidad penal.
El fallo de Zamorano aplicó condenas de un año y medio de prisión a Luciani, Solís y a la exjefa del Laboratorio de Medicamentos de la CSS Linda Thomas. Los tres han solicitado la sustitución de la pena de prisión. En el caso de Thomas, pidió se le aplique trabajo comunitario.
De La Cruz fue sentenciado a 15 años de cárcel. Para el momento en que la Sala Penal dictó el fallo, ya había cumplido cinco años (2007-2012) y sobre él pesaba una medida de impedimento de salida del país.
A 15 años de prisión también fueron condenados Edward Taylor y Miguel Algandona, del Departamento de Control de Calidad de la CSS; Marta Sánchez y Nereida Quintero, de la Dirección de Abastos de la CSS, a un año de prisión; y Teófilo Gateno, que financió la compra del tóxico, a cinco años.