El diputado y ministro más prominente de la era kirchnerista, Julio De Vido, fue detenido ayer tras ser desaforado por la Cámara de Diputados de Argentina, en una votación que quedó con 176 votos a favor, una abstención y de la que se ausentaron 79 diputados.
De Vido, en su etapa como ministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), llegó a manejar 210 mil millones de dólares. De ese total, 107 mil 825 millones de dólares fueron para obras públicas (vialidad, vivienda, infraestructura hidráulica y de saneamiento, entre otras), y 85 mil millones de dólares correspondieron a subsidios del sector energético, de acuerdo con un desglose de Todo Noticias.
El operativo efectuado tras el retiro de la inmunidad de De Vido —el envío de gendarmes a su residencia para su conducción— no pudo concretarse, ya que el exministro, acompañado de su abogado, se trasladó al Palacio de Justicia para entregarse.
Ya en el juzgado debía responder a un cuestionario ante el juez Luis Rodríguez, en el marco del caso por el presunto desvío de $26 mil millones, que habrían sido destinados a la modernización de la mina de carbón Río Turbio.
De Vido no respondió las preguntas, en cambio, presentó un escrito en el que calificó su detención como un “show mediático”, ya que, afirmó, se sabía que no se encontraba en su casa y aun así se mandó a la Gendarmería.
A la salida de los tribunales, uno de sus abogados, Maximiliano Rusconi, dijo que se violó el Estado de derecho al desaforar a De Vido. “Se trata de una profecía autocumplida. Es un desastre”, agregó.
El de Río Turbio no es el único caso por el que se pide su detención preventiva. También la solicitó el juez Claudio Bonadío dentro del proceso por defraudación a la administración pública y presunto fraude que supuso la compra de gas licuado.
Bonadío alegó que la compraventa fue una maniobra que perjudicó al erario, ya que se tuvieron que desembolsar unos $15 mil millones, entre 2008 y 2015, transacción que conllevó un sobreprecio de $6 mil 900 millones.
Los jueces Rodríguez y Bonadío dictaron la prisión preventiva para el exfuncionario al entender que este podría entorpecer las investigaciones judiciales en curso.
La justicia también tiene en la mira a De Vido por, supuestamente, formar parte de una asociación ilícita con la expresidenta Fernández, que se tradujo en el otorgamiento de casi la totalidad de la obra pública vial del país al hoy detenido Lázaro Báez, quien de ser un empleado bancario devino en dueño de Austral Construcciones (ver nota relacionada).
En ese caso, la justicia detalla la existencia de una banda “destinada a cometer delitos para apropiarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos destinados a la obra pública vial.
De Vido también fue procesado por su responsabilidad en la Tragedia de Once, un accidente ferroviario que causó la muerte de 51 personas el 22 de febrero de 2012.
Según la justicia, el exfuncionario es responsable de no haber controlado las condiciones de funcionamiento de los trenes, de la infraestructura, del personal y del destino de los fondos públicos entregados para estas tareas.
De Vido también es señalado —junto a uno de sus subalternos, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime— por la compra de trenes inservibles a España y Portugal; y por incumplir sus deberes como funcionario al no renegociar los contratos ferroviarios entre 2003 y 2010.
Un último caso que afronta es por el presunto desvío de 600 millones de pesos en subsidios al transporte ($34 millones). La justicia consideró que la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación dirigido por De Vido, otorgó de manera sistemática durante 10 años subsidios a empresas de buses por sumas más altas de lo que debían de haber cobrado.
Según fuentes del diario Clarín, el Gobierno no tenía claro ayer a qué cárcel enviar al exministro, por lo que entre hoy y mañana permanecerá en un hospital penitenciario, por ser diabético e insulino dependiente.
(Con información de Clarín y La Nación).
Ratifican proceso contra Báez
La justicia argentina confirmó ayer los procesamientos del detenido Lázaro Báez y de sus cuatro hijos, así como los de otras 18 personas por lavado de dinero en el caso conocido como “La Ruta del Dinero K”, informó el Centro de Información Judicial.
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional justificó su decisión alegando que se comprobó la estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior con el objetivo de blanquear al menos 60 millones de dólares.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, además, sostuvieron que el origen ilícito del dinero se probó en los procesamientos de Báez, la expresidenta Cristina Fernández y el exministro Julio De Vido por su participación en un entramado paralelo al poder estatal, creado para desviar dinero público para favorecer a la empresa de Báez, Austral Construcciones, en los concursos de obra pública entre 2003 y 2015.
La sala también amplió la detención preventiva de Lázaro Báez y otros dos imputados, y ordenó al juez Sebastián Casanello, si así lo cree necesario, que se convoque por lavado a la expresidenta.