Nuevamente el nombre de la diputada panameñista Katleen Levy salió a relucir, luego de la polémica que se generó en la mañana del miércoles 14 de diciembre pasado, tras la participación de activistas que forman parte de su equipo político de trabajo en la feria libre del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que se realizó en el sector de Nuevo Tocumen, en Panamá Este, en el circuito 8-10.
En esta ocasión, un ciudadano de nombre Gabriel Corcho, que fue contratado temporalmente por el IMA, hizo una denuncia pública en la que mencionó a Levy.
El denunciante explicó que fue contactado por Zulay Marín, de la Dirección de Mercadeo del IMA, quien es la coordinadora de las ferias de la entidad en Panamá Este, y fue contratado como jornalero de manera eventual para brindar apoyo a la entidad en las ferias agrícolas que realiza la institución.
Relató que le dijeron primero que iba a apoyar las ferias del IMA, pero luego quedó apoyando a la diputada Levy.
“Yo iba a prestar el apoyo a la señorita [Zulay], pero cuando fui a realizar el trabajo, fue otra cosa que nunca me explicaron cómo tenía que ser. Me pidieron fue el apoyo para la diputada [Levy] en la feria de Tocumen”, dijo.
El contacto, aseguró Corcho, “era la chica Zulay”.
Corcho, además, le reclama al IMA el pago de seis de los nueve días laborados, ya que solo ha recibido dos cheques que cubren el pago de tres días.
“El 23 de diciembre que fui, solo me tenían un cheque de 25 dólares y otro de 50 dólares. El pago era por 25 dólares. Yo trabajé nueve días entre noviembre y diciembre ”, señaló.
ESPERAN INFORME
Al ser consultado sobre esta denuncia, el director encargado del IMA, Jorge Aquiles Domínguez, explicó que el jornalero es personal eventual que le da apoyo a los funcionarios de la entidad para estibar la mercancía y bajar las bolsas de productos.
“A ellos no se les hace contrato; el director regional busca a ese jornalero, se le paga por feria, pero no se le paga directamente. El pago se tramita posteriormente”, precisó.
Domínguez dijo no conocer a Corcho, y que espera el informe de Zulay Marín, que es señalada como la persona que lo contactó.
“Queremos tener la versión de ella para ver cuál es la situación. Pero nosotros no le pedimos apoyo ni a representantes ni a alcaldes ni a diputados de ninguna facción política”, afirmó.
Manifestó que el IMA tuvo que reforzar las naviferias con funcionarios de la entidad. “Como institución, nunca hemos solicitado apoyo de ninguna autoridad local porque no podemos permitir que el proselitismo político y los recursos del Estado se utilicen para fines políticos”. Se intentó conocer la versión de Marín; sin embargo, no respondió las llamadas realizadas a su celular.
LA DIPUTADA SE DEFIENDE
En tanto, la diputada Levy tildó de falsa la afirmación de Corcho y señaló que su personal es el que estaba identificado con su nombre en el suéter, el día de la naviferia.
“Todo esto es algo que me han montado; en mi vida he visto ni escuchado su nombre. Si los contrata el IMA, qué tengo que ver yo”, respondió.
Señaló que tiene entendido que los jornaleros tienen hasta dos meses que no se les paga. “Que le paguen a la gente que trabaja con ellos; ese es el problema, pero yo no tengo que ver con eso. El IMA dejó claro que nunca me han pedido colaboración”, enfatizó.
CORTE SUPREMA INVESTIGA
Mientras, esta semana, el procurador de la Administración, Rigoberto González, remitió a la Corte Suprema de Justicia un informe para que se investigue la participación de la diputada Levy en la venta de productos navideños del pasado 14 de diciembre, organizada por el IMA.
El expediente de este caso quedó radicado en el despacho del magistrado Hernán De León.
La Constitución Política señala en el Artículo 155 que “Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera de autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.