Voluntad Popular, organización del encarcelado líder opositor Leopoldo López, aseguró ayer haber cumplido las cuotas de apoyo exigidas en el proceso de renovación de partidos políticos iniciado la semana pasada en Venezuela, criticado por chavismo y oposición.
Incluso, “los estados más chavistas del país superaron la meta”, dijo a la prensa el parlamentario Freddy Guevara -uno de los principales dirigentes de Voluntad Popular- al ofrecer un balance de la recolección de firmas entre sábado y domingo.
Un total de 59 movimientos políticos debe registrarse nuevamente ante el poder electoral por no haber participado en las dos últimas elecciones o no lograr el 1% de los votos emitidos. El partido fundado por López acudió a los comicios más recientes, las parlamentarias de 2015, con los símbolos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los partidos deben recoger firmas equivalentes al 0.5% del padrón electoral en 12 estados, en un lapso de dos días por agrupación.
Este es el segundo de los 10 fines de semana previstos para el proceso, cuyos resultados serán anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando sea completado.
Según Guevara, Voluntad Popular estima que alcanzó“más del 5% (de rúbricas) en algunos estados”, pese a denunciar unos incidentes violentos aislados contra sus militantes, sin reportar heridos.
No tendrán que relegitimarse el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni la MUD, aunque sí los movimientos que integran esa alianza.
Partidos chavistas y opositores rechazan las condiciones del proceso, al considerar insuficientes las máquinas de registro de huellas dactilares dispuestas por el CNE, así como los lapsos.
Aliados del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como el Partido Comunista (PCV), impugnaron el procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado jueves, al sostener que terminará ilegalizándolos.
Leopoldo López cumple una sentencia de casi 14 años en una prisión militar, condenado por cargos de incitación a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
El líder opositor se entregó a las autoridades en febrero de ese año.
“Que nadie se equivoque: este proceso de validación es una maniobra antidemocrática, arbitraria; sin embargo, participamos porque estamos convencidos de que podemos vencer este nuevo obstáculo de la dictadura”, dijo a la prensa el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador político encargado de Voluntad Popular, en alusión al gobierno de Maduro.
“Maduro no quiere que haya elecciones porque las va a perder. La validación no es excusa para que se retrase la fijación del calendario electoral”, agregó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), a mediados de febrero, suspendió el proceso para la convocatoria de los comicios regionales, que previamente fueron postergados a finales del año pasado, hasta que los partidos actualicen sus nóminas.
Se reavivan denuncias sobre crisis penitenciaria
El hallazgo de los restos de 14 personas en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace cinco meses, reactivó ayer el debate sobre la crisis penitenciaria del país petrolero entre denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos. La cifra de muertos encontrados cuando se hacía una excavación en las instalaciones de la prisión ascendió a 14, informó ayer domingo la Fiscalía. “Hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres” en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), situada en la ciudad de San Juan de Los Morros (estado Guárico, centro), señaló el Ministerio Público, precisando que el hallazgo ocurrió el jueves. Las investigaciones relacionadas con el caso continuarán para determinar las “causas” de las muertes, aclaró. El viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que se habían encontrado restos humanos que “corresponden a siete personas”, horas después de haber dicho, en un primer balance, que pertenecían a tres víctimas. El pasado 28 de octubre, el Gobierno completó el desalojo de la PGV tras semanas de enfrentamientos entre internos por el control de la prisión y denuncias sobre fallecimientos por desnutrición y ausencia de medicinas. Videos publicados en redes sociales por detenidos y sus familiares mostraban la falta de comida y tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis en el penal, que habrían dejado al menos 10 muertos. La oenegé defensora de los derechos de los presos Una Ventana a La Libertad denunció la existencia en la PGV de una fosa común con un número de cadáveres mucho mayor.