Demócratas y republicanos unieron fuerzas ayer miércoles en el Congreso de Estados Unidos para condenar de manera unánime la persecución, intimidación, violencia y asesinatos que en contra de la población nicaragüense realiza desde el pasado 18 de abril el gobierno dictatorial de Daniel Ortega.
La resolución de condena recomienda al Gobierno estadounidense identificar y sancionar a las personas involucradas en los crímenes, bajo la Ley Magnitsky, que castiga con la cancelación de visas y el congelamiento de activos en suelo estadounidense a quienes incurren en violaciones de derechos humanos u actos de corrupción.
El Congreso también propone la realización de elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes, con el propósito de que el país retorne a la democracia, tal como ha solicitado el Departamento de Estado.
El 12 de julio el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense había aprobado la resolución de condena, que ayer se votó en el plenario.
Más muertos
Hasta ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registraba 295 fallecidos por la acción represiva del gobierno de Ortega.
La noche del lunes, al menos cuatro personas murieron, entre ellos, una brasileña de 32 años de edad que estudiaba medicina en una universidad de la capital.
La joven fue asesinada por paramilitares encapuchados y armados que mantenían tomada la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua desde el pasado 13 de julio, informó Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana en Managua.
Sobre este caso, la Cancillería brasileña expresó su “profunda indignación” ante lo sucedido y en un comunicado aseguró que busca que el Gobierno de Nicaragua clarifique lo ocurrido.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una oenegé local, denunció que el dirigente opositor Medardo Mairena, acusado de terrorismo y de la muerte de cuatro personas durante las protestas contra el Gobierno, está siendo torturado en la cárcel.
Mairena es miembro de la opositora Alianza Cívica, que participa en un diálogo con el Gobierno a raíz de la crisis generada por las protestas.
También es coordinador del movimiento campesino que lucha desde hace cinco años contra el proyecto de construcción de un canal interoceánico.
En tanto, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua le enviaron ayer una carta a Ortega emplazándolo para que, por escrito, diga si aún los quiere como mediadores y testigos en el Diálogo Nacional.
Imprescindible
En una entrevista con la cadena Fox News, la preferida, según afirman, del presidente Donald Trump, el dictador nicaragüense descartó adelantar las elecciones, alegando que ello produciría “inestabilidad” en el país y si llegara a fallecer, su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, ya está allí para sustituirlo. Ortega pretende, según ha dicho, estar en el poder hasta 2021.
Igualmente, aseguró que los grupos paramilitares no son controlados o financiados por su gobierno, sino por “terroristas”. “Los disturbios desde hace una semana han cesado en el país y se enrumba a una normalización”, sostuvo el mandatario.
Negó ser el responsable de las muertes que han ocurrido, de tener el control de los paramilitares, y reiteró que no está dispuesto a adelantar elecciones como demandan los manifestantes.
En otra entrevista emitida el martes en la noche, Ortega culpó del inicio de la violencia en abril al “intervencionismo” de Estados Unidos y al sector privado del país, que le retiró el respaldo a su gobierno.
Declaró a Telesur, una televisora de Venezuela, cuyo Ejecutivo socialista es un aliado cercano al dirigente centroamericano, que el diálogo con el presidente Trump para cambiar las políticas de Washington hacia su país sería “ideal”.
Venezuela
En un comunicado, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Ed Royce, dijo que “El compañero autoritario de Ortega, Nicolás Maduro, usa esas mismas tácticas contra el pueblo venezolano. Venezolanos y nicaragüenses merecen algo mejor que esto, y esta resolución muestra el compromiso de este cuerpo de estar hombro con hombro con las personas que buscan liberarse de los dictadores asesinos”.
Para la congresista Ileana Ros-Lehtinen, autora de la propuesta aprobada, “es lamentable ver cómo Nicaragua se suma a la lista de países que matan a sus propios ciudadanos, simplemente porque el líder se quiere mantener en el poder”.
(Con información de La Prensa Nicaragua, AP, reuters, AFP, VOA)