Los detenidos tendrán que comunicarse con sus abogados a través de videollamadas. Esto, como parte de las medidas adoptadas por el Sistema Penitenciario a partir de recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa) para evitar la propagación del nuevo coronavirus en las cárceles del país.
Y es que, de acuerdo con el último informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, 664 reclusos están contagiados con la Covid-19.
Según el informe, 313 de estos internos pertenecen a la cárcel pública de Veraguas, 228 a la Nueva Joya, 97 al Centro Femenino de Rehabilitación de la capital y 26 al centro penitenciario Nueva Esperanza en Colón.
En este escenario, las autoridades del Sistema Penitenciario adoptaron una serie de medidas de prevención, entre ellas la que tiene que ver con las videollamadas, tal como consta en una nota remitida al director del Instituto de Defensa Pública, Danilo Montenegro, el 28 de mayo pasado.
La medida también aplicará para los abogados particulares.
“...con el ánimo de resguardar el derecho de defensa, la Dirección General del Sistema Penitenciario elabora como método alterno a las visitas de abogados la utilización de equipos de video audiencias”, precisa una nota firmada por el director del sistema penitenciario, José Ríos.
Para usar este método, los abogados, tendrán que enviar una solicitud de conferencia a un correo electrónico destinado por el Sistema Penitenciario para tal fin.
El enlace de la institución penitenciaria coordinará la agenda con los centros penitenciarios en todo el país, de acuerdo con las solicitudes enviadas por los abogados.
Luego, la entidad enviará al abogado solicitante la invitación con la fecha, hora y link para efectuar la videollamada.
Finalmente, cuando todos los aspectos técnicos de la videollamada estén preparados, los custodios civiles de los penales se encargarán de ubicar al privado de libertad para llevarlo al lugar asignado y que pueda comunicarse con su abogado.
Este medio consultó a la Dirección General del Sistema Penitenciario en qué centros y a partir de cuándo se implementará el mecanismo de las videollamadas, pero hasta la hora de cierre de la edición no hubo respuesta.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, reconoció que hay que buscar auxilio en la tecnología para retornar a las labores, pero, a su juicio, el uso de la tecnología debe ser para facilitar los procesos y no complicarlos.
Por ello, dijo, “estaremos atentos a que el requerimiento previo no signifique tiempos interminables y que el tiempo de la videollamada permita la comunicación efectiva y se garantice la privacidad, que no implique intromisiones del Estado al derecho de confidencialidad de estas comunicaciones”.
“De igual forma, queda pendiente lo referente a los sistemas carcelarios transitorios, en los que hay que dar mayor atención al detenido. Su equipamiento es necesario”, agregó.
Por su parte, el abogado penalista Orlando Castillo catalogó como “absurda” la metodología que quiere implementar el Sistema Penitenciario para que los abogados se puedan comunicar con sus clientes detenidos.
“Esa medida es ridícula y no hay absolutamente nada que garantice la privacidad o confidencialidad de esa comunicación, en la que tendrás a un tercero como intermediario de la misma” , advirtió.
