El informe de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, en el que señala que de los 116 casos de corrupción remitidos a los tribunales el 75% aún espera la celebración de audiencia, generó reacciones tanto dentro como fuera de la Corte Suprema de Justicia.
Consultados por este diario sobre este tema que los alude directamente, dos magistrados de la Corte, que prefirieron no dar sus nombres, coincidieron que lo prudente sería hacer una auditoría judicial para tener certeza en cada caso para evitar que “la generalización con que viene expuesto el informe genere confusión”.
En su informe de gestión (2015-2019), divulgado el pasado viernes 20 de diciembre, Porcell escribió que el hecho de que el 75% de los casos de corrupción esté pendiente de audiencia “significa que la justicia penal no cumple sus fines cuando se enfrenta al poder económico, político, social o mediático”.
Porcell, quien anunció su renuncia al cargo el pasado 12 de noviembre a partir del 2 de enero de 2020, señaló que durante los últimos cinco años la lucha contra la corrupción y el crimen organizado fue un enfrentamiento directo contra una organización criminal desde el poder que logró desviar mil millones de dólares de fondos públicos a bolsillos privados. “Estas investigaciones deben concluir en condenas significativas y por eso debemos, como sociedad, estar vigilantes y exigir que los procesos concluyan con el castigo para los responsables y el reintegro del dinero público”, planteó.
Precisamente por la seriedad de lo planteado, el abogado Ernesto Cedeño presentó en la mañana de ayer una petición ante la Corte para que se pronuncie sobre el tema.
Cedeño alega que el pleno de la Corte tiene el deber de pronunciarse y determinar si esta situación de rezago judicial obedece a situaciones extraprocesales. Además, pidió que se tomen los correctivos para lograr un mayor fluidez en la administración de justicia.
La Corte escogerá nueva junta directiva para el período 2020-2022 el próximo 2 de enero. En esta elección podrán votar los tres nuevos magistrados nombrados por Laurentino Cortizo: María Eugenia López, Carlos Vásquez Reyes y Maribel Cornejo.